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Procuradora General de la República // Yeni Berenice Reynoso
Al retomarse el debate sobre la reforma del Código Penal, ha resurgido la ignorancia de fiscales y jueces respecto a la prisión preventiva.
A pesar de que el artículo 224 del Código Procesal Penal indica que la privación de libertad debe ser la última instancia como medida de coerción, fiscales y jueces no lo consideran.
Listín Diario constató que solo en 2024 se dictaron 7,878 prisiones preventivas de un total de 29,438 medidas de coerción.
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, deben intervenir para que la prisión preventiva sea la última, y no la primera, opción como medida de coerción.
Se conoce que más del 60 % de los reclusos están en preventiva, y para colmo de males sufren un verdadero infierno tras las rejas. Es evidente que además de ligereza, existe desconocimiento en la solicitud e imposición de la prisión como medida de coerción.
Para que la justicia sea más ágil y se cumpla con el debido proceso, hay que actuar con el más riguroso apego a las leyes.
La jefa del Ministerio Público y el presidente del Consejo del Poder Judicial deben ser los primeros en comprender y afrontar la realidad.
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