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Washington D.C. – El Caucus Hispano del Congreso denunció este miércoles como un acto racista y una violación de los derechos constitucionales -al no cumplirse, por ejemplo, con el debido proceso- la deportación a Honduras de tres niños ciudadanos estadounidenses, uno de ellos con cáncer.
“Si no fueran hijos de inmigrantes, esto no habría pasado”, dijo la congresista demócrata Norma Torres (California), en una conferencia de prensa, junto al liderazgo del Caucus y organizaciones que asisten a las familias afectadas.
El viernes pasado, la oficina de Nueva Orleans (Luisiana) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) deportó a dos familias, incluyendo a dos madres y sus hijos menores, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses, de 2, 4 y 7 años.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) denunció que uno de los niños, el de 4 años, padece de cáncer avanzado (fase 4), y que una de las madres está embarazada.
La abogada de la madre del niño de 2 años rechazó que su clienta manifestara que quería que su hijo fuera deportado con ella.
Independientemente del estatus migratorio de las madres, la ACLU advirtió que las familias quedaron “completamente aisladas durante momentos críticos en los que se tomaban decisiones sobre el bienestar de sus hijos menores”, en violación de directivas escritas e informales de ICE “que exigen la coordinación del cuidado de menores con cuidadores disponibles (…) durante las deportaciones”.
Sirine Shebaya, directora ejecutiva del “National Immigration Project” del National Lawyers Guild, afirmó que la madre del niño de 4 años con cáncer y del de 7 años llegó a Estados Unidos como menor no acompañada.
La mujer recibió una citación de las autoridades migratorias sin fecha ni hora. Por esa razón, Shebaya afirmó que, sin que ella supiera de la audiencia judicial, se emitió una orden de deportación en su contra.
“Nunca tuvo un día en el tribunal. Nunca pudo presentar su caso para obtener su estatus migratorio”, indicó Shebaya a El Nuevo Día, al asegurar que la administración de Donald Trump ha dado información errónea sobre el caso de esa familia.
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, el demócrata Adriano Espaillat (Nueva York), afirmó que todo el proceso ha sido “una violación de derechos constitucionales fundamentales y, obviamente, del debido proceso”.
El Caucus Hispano del Congreso, formado por 43 legisladores federales demócratas, ha criticado desde el principio de esta administración que las deportaciones masivas puestas en marcha por el gobierno de Trump puedan ser indiscriminadas y provocar la separación de familias.
“Esto es una estrategia política de puro racismo”, agregó la congresista Torres, al indicar que la mayoría republicana del Congreso debería llevar a cabo audiencias de emergencia sobre las supuestas violaciones de derechos que la administración de Trump ha cometido.
Joaquín Castro, demócrata por Texas y a quien le removieron en 2022 un tumor canceroso gastrointestinal, cuestionó en qué clase de país el gobierno de Trump está convirtiendo a Estados Unidos, al deportar a ciudadanos estadounidenses y otras personas sin el debido proceso.
“Soy paciente de cáncer y sé lo importante que es el tratamiento que se recibe para sobrevivir”, sostuvo Castro.
Por su parte, Juan Vargas, demócrata por California, sostuvo que al niño con cáncer le han dado en términos reales “una sentencia de muerte” con su deportación.
“¿Dónde están las iglesias cuando tenemos una emergencia? Se quedan calladas”, criticó el legislador federal, en la conferencia de prensa.
Entre otras denuncias, el Caucus Hispano del Congreso ha estado al frente también en el caso en que se impugna la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien estaba bajo protección judicial y, a pesar de que un tribunal ordenó que se facilitara su retorno al estado de Maryland, Trump y su gobierno han hecho caso omiso.
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