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Los Ángeles — Juan J., un inmigrante mexicano de 48 años con más de 20 años residiendo en Los Ángeles, nunca imaginó que pagar impuestos — algo que siempre consideró correcto — podría convertirlo en blanco para deportación.
Juan, quien prefirió no revelar su identidad, al igual que millones de inmigrantes, confió en el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y declaró sus impuestos en 2024. Pero hoy, esa confianza podría costarle su permanencia tras revelarse el reciente y polémico acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permite compartir su información fiscal con los mismos agentes que podrían deportarlo.
Por esta razón, por lo menos este 2025, Juan no ha presentado sus impuestos, y no sabe si volverá a hacerlo.
“Durante años nos repitieron que declarar impuestos es lo correcto, que el IRS resguardaría nuestra información. Ahora me siento atrapado. Ya no pienso que presentar impuestos sea lo mejor para mí”, dijo el residente angelino.
“Tengo temor, la verdad es que no quiero ser deportado. Necesito el trabajo y seguir manteniendo a mi familia”, dijo Juan.
En 2023, los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contribuyeron con aproximadamente $89.8 mil millones en impuestos federales, estatales y locales. De esta suma, $55.8 mil millones fueron al gobierno federal, mientras que $33.9 mil millones fueron a gobiernos estatales y locales, según cifras de Immigration Impact, un proyecto de American Immigration Council.
Esta cifra representa una disminución con respecto a los $96.7 mil millones aportados en 2022. La reducción podría atribuirse a factores como el temor a la deportación y cambios en las políticas migratorias, que han influido en la disposición de algunos inmigrantes a presentar sus declaraciones fiscales, de acuerdo con el Institute of Taxation and Economy Policy.
A pesar de no tener acceso a muchos programas públicos, los inmigrantes indocumentados siguen siendo una fuente significativa de ingresos fiscales, contribuyendo al financiamiento de servicios esenciales como educación, infraestructura y salud pública, sostienen expertos y políticos que buscan el freno de este acuerdo entre la administración de Trump y el IRS.
El acuerdo, conocido como Memorando de Entendimiento (MOU), permite que ICE acceda a datos tributarios de hasta cinco millones de personas, muchos de ellos inmigrantes indocumentados que, como el señor Juan, han pagado impuestos durante años utilizando números ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente).
Recientemente, nuevos escritos legales presentados en el caso Centro de Trabajadores Unidos v. Bessent pidieron al tribunal federal de D.C. bloquear el acuerdo. Uno de los escritos fue firmado por 105 miembros del Congreso, liderados por el representante Adriano Espaillat (D-NY), quien denunció la medida como una violación a la ley federal y a décadas de protecciones legislativas sobre la privacidad del contribuyente.
“La Constitución otorga al Congreso la autoridad sobre los impuestos. Este acuerdo ignora esa autoridad y pone en riesgo miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, declaró Gerson Smoger, abogado principal de uno de los escritos presentados.
Las consecuencias podrían ser graves. Según un análisis del Instituto de Impuestos y Política Económica, incluso una disminución del 10% en las declaraciones de impuestos por parte de inmigrantes indocumentados podría representar una pérdida anual de $9.5 mil millones en ingresos fiscales. En total, se estima que este cambio podría costarle al país más de $313 mil millones en los próximos diez años.
Laura MacCleery, de UnidosUS, dijo que el IRS prometió confidencialidad a los contribuyentes inmigrantes.
“Romper esa promesa no solo es ilegal, es una traición”, advirtió.
A la par de esta controversia, la administración Trump ha implementado una política aún más polémica: el registro obligatorio de todos los inmigrantes mayores de 14 años, como parte de la Orden Ejecutiva 14159. La medida exige que los inmigrantes proporcionen huellas, direcciones y otra información personal al USCIS. El gobierno lo justifica como una herramienta de seguridad nacional, pero críticos lo comparan con prácticas represivas del pasado.
“Esto es como marcar a las personas. Me recuerda lo que se hizo con los judíos en la Segunda Guerra Mundial”, dijo Alfredo Lomas, un residente de Lynwood, California. Otros, como Gloria Fuentes, temen que el registro sirva como base para deportaciones masivas, a pesar de que sus familias están profundamente arraigadas en el país.
Organizaciones como CHIRLA y NPNA han emitido advertencias públicas, aconsejando no registrarse sin asesoría legal.
“Estamos viendo cómo diferentes agencias comparten datos para castigar y separar familias trabajadoras”, declaró Angélica Salas, directora de CHIRLA.
David Kass, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, sostuvo que la administración Trump está poniendo a las familias de estatus migratorio mixto e indocumentadas en una situación insostenible para obtener rédito político.
“La colaboración forzada con los funcionarios del DHS es una completa violación de la confianza de estos contribuyentes, quienes contribuyen positivamente a la economía y pagan lo que les corresponde por servicios de los que ni siquiera se benefician”, declaró.
“A pesar de su retórica, sabemos que las familias indocumentadas no crearon nuestros sistemas económicos y tributarios manipulados, sino los multimillonarios. El Congreso debe detener este uso indebido, flagrante y descontrolado, de datos confidenciales del IRS”, dijo Kass.
Con demandas federales en curso y el Congreso presionado a intervenir, la comunidad inmigrante vive en un clima de miedo e incertidumbre. Algunos se preguntan si cumplir con la ley los convierte en objetivos. Otros se aferran a la esperanza de que la justicia detenga estas políticas.
Mientras tanto, Juan reflexiona sobre su decisión de pagar impuestos: “Pago impuestos y ahora puedo ser deportado. Ahora no sé si fue un error.”
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