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WASHINGTON — Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. defiende en la corte que está esforzándose para cumplir las órdenes de los jueces y garantizar el debido proceso a los migrantes antes de deportarlos, el presidente Donald J. Trump y sus asesores clave presentan con frecuencia un argumento diferente: ¿Por qué deberíamos?
En su empeño por detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes, de la manera más rápida posible, la Administración Trump ha dejado de lado cualquier pretensión de estar sujeta a las limitaciones constitucionales que en el pasado restringieron a los presidentes de ambos partidos en materia de inmigración.
En vez de eso, afirman que, en lo que respecta a las personas que ingresaron ilegalmente a EE. UU., el presidente tiene un poder ilimitado para expulsarlas sin apelación.
“Los estamos echando, y un juez no puede decir, ‘No, tiene que haber un juicio'”, dijo Trump el 22 de abril. “El juicio va a durar dos años. Vamos a tener un país muy peligroso si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer”.
Hizo comentarios similares en redes sociales, al escribir, “No podemos dar juicio a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años”.
Estas declaraciones preocupan a los expertos legales, quienes señalan que en Estados Unidos los derechos civiles son para todos, no solo para los ciudadanos.
“Es sumamente inquietante”, dijo Erwin Chemerinsky, rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Berkeley. “Es profundamente preocupante escuchar al presidente y a los altos funcionarios del poder ejecutivo menospreciar de esta manera a la Constitución de Estados Unidos. Es importante enfatizar que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda establece que ninguna persona puede ser ‘privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal’. No dice ‘ciudadano'”.
Thomas D. Homan, el “zar fronterizo” de Trump, afirmó: “Me parece increíble que exista cada vez más presión por el debido proceso, más proceso para estos grupos terroristas designados, cuando, de hecho, nadie solicitó debido proceso al cruzar la frontera”.
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