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Nueva York – La representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, afirmó que si los republicanos buscan aprobar una legislación seria sobre impuestos, deben controlar a los estadounidenses que se mudan a Puerto Rico amparados en los decretos de la Ley 22 para no pagar impuestos al fisco federal.
“Estoy en comités constantemente donde los republicanos insisten en que no tenemos suficientes ingresos para el presupuesto y que hay personas que se aprovechan del sistema sin pagar impuestos. Efectivamente, existen, y muchos de ellos se están trasladando a Puerto Rico, y gracias a la Ley 22, no pagan impuestos. Así que para los republicanos que sostienen esa conversación, supuestamente de eficiencia, debemos asegurar que hacemos todo lo posible para frenar el fraude. La Ley 22, en muchos aspectos, permite que ciudadanos americanos se trasladen a la isla y cometan fraude. No pagan sus impuestos federales, justo ahora que estamos negociando la ley de impuestos para los próximos años…”, expuso Ramírez en una entrevista con El Diario.
Las declaraciones de la congresista, quien también representa a electores puertorriqueños en el estado mencionado, se dieron tras presentar, junto a las demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, la “Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025” (Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025).
La propuesta legislativa busca modificar el Código de Rentas Internas de 1986 para cambiar la forma en que se aplican las reglas de origen de los ingresos de activos digitales y exigir a los inversores en criptomonedas que paguen la parte que les corresponde, incluso si se benefician de los decretos fiscales de la Ley 22 o Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.
Actualmente, los ingresos de actividades vinculadas con activos digitales, como la minería o “staking”, pueden quedar exentos del pago de impuestos federales si se consideran de origen puertorriqueño.
Mediante la Ley 22, se exime a los beneficiarios del pago de impuestos sobre dividendos, intereses, acciones y ganancias de capital. El propósito de la ley era que estos extranjeros se establecieran en la isla, invirtieran, generaran empleos y contribuyeran al desarrollo económico.
El estatuto establece que los inversores cobijados bajo la Ley 22 deben adquirir una vivienda, ser residentes “bona fides” de la isla y permanecer en el territorio por 183 días al año, entre otros requisitos. Los detractores de la medida, entre ellos Ramírez, consideran que el estatuto no ha cumplido su cometido y, más bien, ha convertido el territorio en un paraíso fiscal donde estadounidenses adinerados, muchos de ellos inversores en criptomonedas, han dominado el mercado inmobiliario, lo que ha incrementado el costo de la vivienda.
La legislación presentada por Velázquez y Ramírez busca abordar parte de los problemas de la Ley 22, al mismo tiempo que protege los ingresos federales.
“Necesitaremos aprobar una ley ahora, porque pasarán años antes de que podamos tener esta discusión nuevamente”, afirmó Ramírez, refiriéndose a las discusiones en el Congreso sobre el tema impositivo.
En la actualidad, después de unirse a una resolución presupuestaria que establece las bases para trabajar en un futuro proyecto de ley de conciliación, los legisladores en Washington están debatiendo una ley de impuestos.
Se espera que la legislación incluya extensiones a la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), que promulgó el expresidente Donald Trump durante su primer mandato, entre otras disposiciones.
“En estos momentos estamos teniendo las conversaciones y discusiones sobre el proyecto de ley de impuestos, y muchos de nuestros colegas están diciendo que estamos en bancarrota, y al mismo tiempo están hablando de billones en exenciones fiscales para los más ricos. Y creo que si vamos a tener una conversación genuina sobre cómo manejamos los impuestos y el Servicio de Rentas Internas (IRS), también debemos hablar de impuestos justos para los activos digitales en la isla”, argumentó la representante del ala más progresista del Partido Demócrata.
Ramírez explicó que, en el caso del proyecto de ley que presentó junto a Velázquez y AOC, se aplica a las personas que utilizan criptomonedas para invertir o para obtener ingresos derivados de inversiones en activos digitales.
“Sabemos que si vivieran en Estados Unidos, tendrían que pagar esos impuestos, por eso es importante para nosotros. Si estás en Puerto Rico o en Chicago, la ley es la ley y tienes que pagar impuestos”, declaró.
El enfoque de la propuesta legislativa es cerrar la laguna fiscal en el Código de Rentas Internas federal que está siendo aprovechada por inversores en criptomonedas que se trasladan a la isla amparados en la Ley 22.
“Queremos cerrar la laguna fiscal en el Código de Rentas Internas federal que está siendo explotada actualmente por inversores en criptomonedas al reclamar que viven en Puerto Rico para evadir impuestos. Cerraría esa laguna, requiriéndoles que paguen impuestos sobre los activos digitales en los que han incurrido como resultado de inversiones en criptomonedas”, añadió la representante.
Ramírez, de origen guatemalteco, anticipó que, en las próximas semanas, esperan recibir un informe del IRS con datos específicos sobre la cantidad de dinero que el gobierno federal está perdiendo debido a los ciudadanos que se trasladan a Puerto Rico para evadir impuestos.
“Tenemos una idea, pero ese informe nos dará la información necesaria para seguir convenciendo a los colegas republicanos de que es importante cerrar esa laguna fiscal, que es crucial que tengamos los fondos necesarios y que se cumpla la ley, que se paguen los impuestos correctamente. Tendremos que aprobar esta ley, porque realmente nos está costando dinero; estamos perdiendo dinero a causa de la Ley 22”, insistió.
En cuanto al apoyo republicano a la medida, dijo que, por el momento, ningún congresista la ha copatrocinado.
“Pero estamos conversando con ellos y, obviamente, estamos negociando la ley de impuestos”, agregó.
“Tengo colegas en los comités que me dicen discretamente, ‘deberíamos hacer eso, pero nos dicen que no podemos hacer nada con los demócratas’, o que no pueden colaborar en asuntos cruciales”, señaló la congresista.
Esta no es la primera iniciativa legislativa que Ramírez presenta contra los beneficiarios de la Ley 22 que abusan de la misma para eludir su responsabilidad fiscal.
En octubre pasado, presentó la resolución “Unidos con los puertorriqueños opuestos a los riesgos de la Ley 22” (UPROAR). La pieza buscaba poner freno a las lagunas fiscales federales que permiten a los estadounidenses adinerados eludir su obligación de pagar impuestos locales y federales.
La postura del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico es que los incentivos a los inversores individuales generan un retorno de inversión positivo, de aproximadamente el 10%. También rechazan que la llegada de estas personas haya agravado la crisis de vivienda, argumentando que, en cuanto a residencias, los beneficiarios de los decretos han adquirido unas 4,800 bajo la Ley 22. El gobierno local argumenta, además, que existen otros factores que no están relacionados con el estatuto y que han aumentado el costo de las viviendas desde 2020.
Los opositores a la Ley 22 también han cuestionado la falta de fiscalización del DDEC sobre los decretos.
Esta semana, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, informó que las empresas exentas e inversores beneficiarios de las leyes 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios, que ofrece incentivos fiscales a empresas que exportan servicios desde Puerto Rico) y la 22 deben presentar sus Informes Anuales (IANE) antes del 15 de mayo.
Parte de los requisitos de los decretos otorgados bajo la Ley 22 es que estas personas deben presentar documentación con información sobre la empresa, los accionistas, las exenciones fiscales concedidas, la inversión y los empleos generados en Puerto Rico.
“Seremos muy rigurosos y estrictos con la fiscalización y el cumplimiento de todos los requisitos que rigen estas y las demás industrias amparadas bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico”, declaró Negrón Reichard en declaraciones escritas.
El DDEC asegura haber revocado 315 decretos de la Ley 22 entre 2021 y 2024, en comparación con los 29 entre 2012 y 2020. La mayoría de las revocaciones se debieron a que los beneficiarios no presentaron sus informes anuales.
Cuando se revoca uno de estos acuerdos de exención, se aplican sanciones retroactivas que se traducen en el pago de impuestos desde la fecha de incumplimiento.
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