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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó la app móvil CBP Home para que los individuos notifiquen al gobierno su intención de salir del país.
“A cada uno le daremos cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un vuelo de vuelta excelente a su lugar de origen”, dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.
“Colaboraremos con ellos para que, algún día, con un poco de esfuerzo, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestro país”, agregó.
En un comunicado, el DHS asegura que los migrantes recibirán 1.000 dólares “una vez que se confirme su retorno a su país de origen a través de la aplicación”.
El gobierno calcula que el uso de la aplicación “reducirá los costos de una deportación en aproximadamente un 70%”, incluso con la ayuda económica.
Hoy en día, el costo promedio de arrestar, mantener en detención y expulsar a un extranjero indocumentado “es de 17.121 dólares”, según la administración.
Según el DHS, un hondureño ya utilizó el programa “para obtener un boleto de avión de Chicago a Honduras”.
En una reunión de gabinete en abril, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, mencionó la cifra de “20, 21 millones de personas que tienen que volver a casa”.
Según datos oficiales, en 2022 vivían 11 millones de migrantes indocumentados o con estatus temporal en Estados Unidos.
El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que ingresaron sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante la administración del expresidente demócrata Joe Biden.
De acuerdo con datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025, incluyendo más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización “terrorista” global.
Washington ha deportado a casi 300 individuos a los que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que aceptó recluirlos a cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.
Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros, y asociaciones de defensa de los derechos civiles denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso.
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