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Washington. El gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que pagará mil dólares a los indocumentados que se autodeporten, continuando con su plan de expulsiones masivas, aunque horas después sufrió un revés cuando un tribunal federal de apelaciones rechazó una petición de su gobierno para revocar el estatus legal temporal de 400 mil migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
La corte de apelaciones del primer circuito de Estados Unidos, en Boston, se negó a suspender la orden de un juez que frena la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de recortar un permiso de dos años que concedió a los migrantes el expresidente demócrata Joe Biden.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acción del gobierno marcó una expansión de la postura dura del presidente republicano contra la inmigración y el impulso para aumentar las deportaciones, incluso de no ciudadanos a los que ya se les concedió el derecho legal a residir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo se da en el contexto de una demanda interpuesta por defensores de los derechos de los migrantes contra la decisión de la agencia de suspender varios programas de libertad condicional de la era Biden que permitieron la entrada al país de unos 400 mil inmigrantes ucranianos, afganos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El caso estaba pendiente cuando el DHS anunció, el 25 de marzo, el fin del programa de libertad condicional de dos años.
Mientras, el DHS indicó que aparte de los mil dólares también pagaría la asistencia de viaje y añadió que las personas que se registren en la aplicación CBP One para informar que quieren regresar a su país de origen dejarían de ser prioridad para su detención y expulsión del país.
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