Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Regulación de contenidos digitales: Se propone la vigilancia de publicaciones en redes sociales y medios digitales, priorizando la protección de menores y la dignidad humana.
Asimismo, plantea en su artículo 4 que: “El ejercicio de la libertad de expresión no estará sometido a censura previa, sino a responsabilidades posteriores establecidas por la ley. Toda restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo y ser imprescindible en una sociedad democrática”.
Despenalización de la difamación e injuria: Se elimina la cárcel como castigo para estos delitos, favoreciendo mecanismos civiles en lugar de penales.
“Son incompatibles con las libertades de expresión e información las presiones directas o indirectas que busquen castigar o beneficiar a periodistas y comunicadores sociales, así como a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Estos tienen derecho a ejercer su labor de forma independiente y sin injerencias del Estado ni de grupos privados”, agrega la propuesta en su artículo 11.
Creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom): Un órgano regulador independiente del Poder Ejecutivo, encargado de supervisar el cumplimiento de la ley.
Responsabilidad de plataformas digitales: Empresas como Facebook, X e Instagram no serán responsables por el contenido de los usuarios, salvo que desobedezcan una orden judicial.
“Las plataformas de contenidos solo podrán ser consideradas civilmente responsables de daños derivados de publicaciones de terceros, si, después de la notificación de una orden judicial específica, no toman medidas para que el contenido identificado como infractor no esté disponible. No se incluyen en este precepto, las acciones propias. La aplicación de este artículo tomará en cuenta el alcance y los límites técnicos del servicio y el período específico”, establece el proyecto.
Garantías para el ejercicio periodístico: Se protege el secreto profesional, el acceso a fuentes y la seguridad de los periodistas, además de prohibir la censura previa.
El proyecto ha sido apoyado por varios sectores, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quienes lo ven como un avance importante. Sin embargo, algunos críticos advierten sobre posibles riesgos de exceso de regulación y la necesidad de asegurar un equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad comunicativa.
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