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MIAMI (AP) — La separación de poderes se ha visto mermada en las naciones de las Américas, impactando las instituciones democráticas, mientras persisten desafíos para enfrentar al crimen organizado, restricciones a las protestas y a la libertad de expresión, y el uso desproporcionado de la fuerza, según declaró el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su informe anual, de más de 1.200 páginas, la CIDH abordó la situación de los derechos humanos en cada país, pero dedicó un capítulo especial a Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde no se han notado avances, sino un retroceso en los derechos fundamentales.
“Son los que nos preocupan desde hace mucho tiempo y, sin embargo, la situación no ha cambiado,” expresó a la AP la vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak. “Se mantienen los niveles de violencia, violaciones de derechos humanos y debilidad de la democracia”.
La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de supervisar y promover el respeto a los derechos humanos en las Américas. Su informe presenta un panorama integral de la situación regional y, si bien no tiene fuerza de ley, sus diagnósticos y recomendaciones son tomados en cuenta por funcionarios de gobierno, organizaciones cívicas y jueces al tomar decisiones.
El reporte advierte sobre una “gran preocupación” por la situación en Cuba, “que no muestra mejorías”. Señala que en la nación caribeña se registran “vulneraciones” a los derechos a la libertad e integridad personal, “restricciones arbitrarias” al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, y a la libertad de expresión.
Además, según el reporte, prevalecen violaciones a las garantías del debido proceso y limitaciones indebidas al derecho de tránsito.
En Cuba y Nicaragua, “se han mantenido los niveles de violencia, de hostigamiento, de persecución a la oposición política”, dijo Pochak.
Las autoridades cubanas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de la AP. En el pasado han rechazado acusaciones sobre violaciones a derechos humanos y han expresado que se trata de campañas politizadas promovidas por Estados Unidos para presionar un cambio de modelo.
El informe indicó que en Nicaragua hay una “persistencia en la represión y la instrumentalización de todo el aparato estatal” con el fin de “suprimir a largo plazo cualquier espacio de pluralismo, expresión, expresión de fe, disenso y participación democrática”.
El reporte también mencionó que la represión se ha extendido más allá de los opositores políticos y sus familias, a simpatizantes del gobierno, funcionarios y a la población en general. Como ejemplos, señaló detenciones arbitrarias, despidos, restricciones para entrar y salir del país, “que buscan imponer el sometimiento de la sociedad nicaragüense bajo un clima de miedo, vigilancia y persecución”.
El gobierno de Nicaragua no respondió de forma inmediata a una solicitud de información de la AP.
El gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión desde que reprimió las masivas protestas callejeras en 2018. El presidente Daniel Ortega ha sostenido que las protestas fueron orquestadas y apoyadas por gobiernos extranjeros con el objetivo de derrocarlo.
Desde entonces, Ortega y la primera dama Rosario Murillo han perseguido sistemáticamente las voces disidentes. Cientos de opositores políticos fueron encarcelados y posteriormente exiliados, privados de su ciudadanía y bienes. Decenas de miles de nicaragüenses huyeron a Costa Rica. Medios de comunicación independientes fueron clausurados y sus bienes confiscados. Miles de organizaciones no gubernamentales han sido cerradas y decenas de sacerdotes católicos se han visto obligados a abandonar el país.
Ortega y Murillo afirman que todos han sido traidores al país que trabajan para socavar al gobierno a instancias de potencias extranjeras.
La situación en Venezuela “se ha agravado debido a las serias irregularidades” en el proceso electoral que han “debilitado aún más la institucionalidad democrática”, dijo la vicepresidenta de la CIDH. Como ejemplo, mencionó la desaparición de personas en un contexto de falta de transparencia e independencia en el proceso electoral, y lo comparó con las prácticas de terrorismo de Estado en otros países de décadas atrás.
El reporte indicó que “la ausencia de un Estado de Derecho y de una institucionalidad guiada por la separación e independencia de poderes públicos” sigue siendo el mayor desafío para el respeto y la garantía de los derechos humanos en Venezuela.
El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha negado repetidamente violaciones de derechos humanos en Venezuela y ha denunciado el supuesto “uso descarado” del tema como “herramienta de agresión política”.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos, según el gobierno venezolano, son impulsadas por la oposición para “desestabilizar” al país.
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Los periodistas de la AP Jorge Rueda, en Caracas, Christopher Sherman, en México, y Andrea Rodríguez, en La Habana, contribuyeron con esta información.
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