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La propuesta del legislador, presentada el pasado 2 de mayo, generó fuertes críticas de diversos sectores del país.”Este proyecto surgió de una preocupación legítima: el incremento del odio camuflado como libertad de expresión, la violencia verbal, el perjuicio que ocasionan los ataques anónimos en redes sociales. Nuestro objetivo siempre fue proteger la dignidad humana e impulsar el respeto entre dominicanos”, declaró el senador este lunes.El documento redactado por el senador define como “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, idioma, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.Indicó que el retiro se debe también a que cuando un proyecto no encuentra consenso amplio y genera divisiones, “lo sensato y lo adecuado es hacer una pausa. Como representante del pueblo, tengo la obligación de escuchar, reflexionar y rectificar si es necesario”.Reiteró que ha actuado por convicción, no por conveniencia. Invitó a juristas, académicos, periodistas, estudiantes y a toda la sociedad civil a seguir reflexionando sobre “cómo construir un marco legal que defienda tanto la libertad como la dignidad”.”Seguiremos trabajando por un país más justo, más libre y más respetuoso”, concluyó Cholitín.El proyecto sobre discurso de odio contemplaba penas de prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.Mientras que para quienes “nieguen, minimicen o justifiquen públicamente” crímenes de odio, genocidios o de lesa humanidad reconocidos por tribunales, se penalizaría con cárcel de seis meses a dos años, junto a una multa de hasta 30 salarios mínimos.También establecía que, si el discurso de odio se difunde por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría prohibir el uso de dichas plataformas por hasta tres años.Las penas recibirían agravantes en los tribunales en los casos en que el hecho fuera cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando esto ocurriera en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios, y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.
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