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El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Rafael Vallejo Santelises, afirmó su desacuerdo con el proyecto presentado por el organismo a la Cámara de Diputados para regular las candidaturas independientes.
El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Rafael Vallejo Santelises, afirmó su desacuerdo con el proyecto presentado por el organismo a la Cámara de Diputados para regular las candidaturas independientes.
El pasado 1 de abril, el magistrado Vallejo Santelises entregó ante el pleno de la JCE, encabezado por Román Jaques Liranzo, un documento donde manifestó su rechazo a la pieza, argumentando que la propuesta legislativa “es contraria” a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Los artículos declarados inconstitucionales por el TC fueron el 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, en los que se eliminó la necesidad de recurrir a una organización política para participar en los procesos electorales. Estableciendo como uno de los únicos requisitos la certificación de una organización civil.
En el documento, indicó a los demás miembros de la entidad electoral que “no es razonable” que los ciudadanos tengan que presentar sus aspiraciones independientes a través de un modelo de organización social, afirmando que no estaría en consonancia con lo dictaminado por el TC, en la sentencia TC/0788/2024.
Asimismo, el jurista señaló que esto supondría un proceso de “sobrerregulación” para el funcionamiento de esta figura en los procesos electorales.
Además de expresar sus diferencias, Vallejo Santelises recordó su propuesta para reajustar este método de postulación, fundamentada en el marco legislativo electoral. No obstante, sus sugerencias no fueron aceptadas por el pleno, al que también pertenecen Samir Chami Isa, Dolores Fernández e Hirayda Fernández.
Esta propuesta buscaba crear una ley que contuviera, “entre otros componentes”, la definición de las candidaturas independientes, elementos consultivos, mecanismos de control del financiamiento privado y la determinación de los porcentajes para participar en los comicios según las distintas circunscripciones.
Así como el medio para la aprobación de los aspirantes y el reconocimiento de la personería jurídica de las organizaciones que los respalden, “todo mediante un proceso similar al empleado en el conocimiento de los partidos políticos” establecido en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
A pesar de esta postura contraria, junto con la expresada por actores políticos, quienes consideran que el alto tribunal constitucional debería reconsiderar su decisión, el estudio de la pieza en la Cámara de Diputados continúa sin pausa.
Precisamente, representantes de las organizaciones políticas mayoritarias, como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD); participaron el pasado lunes en una reunión de la comisión especial encargada del proyecto de ley.
En este encuentro, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza; el secretario general del PLD, Jhonny Pujols; y el miembro de la Dirección Política de la FP, Natanael Concepción; coincidieron en que el documento legislativo elaborado por la JCE es adecuado, debido a que en su fase inicial fue sometido a una etapa de consenso entre las entidades que integran el sistema de partidos.
El presidente de la mesa legislativa, diputado Elías Wessin, informó que escucharán a las agrupaciones políticas minoritarias restantes, para asegurar el acuerdo de todos los actores involucrados. Igualmente, adelantó que la pieza de la JCE será evaluada junto con las sugerencias de Vallejo Santelises y otro proyecto de ley que se encuentra en la cámara baja.
El órgano electoral pretende reemplazar a los partidos políticos por asociaciones cívicas, que serían la única vía para postular las candidaturas independientes. Estas estarían diseñadas para fines electorales, y su creación, duración y permanencia estarían limitadas al proceso electoral correspondiente.
Los candidatos independientes recibirán “únicamente” financiamiento de fuentes privadas, con las mismas restricciones que se aplican a las agrupaciones políticas, según las normas electorales.
Además, establece límites en la cantidad de candidatos independientes que podrán aparecer en la boleta electoral, entre otras restricciones.
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