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La seguridad nacional y los derechos humanos son dos conceptos medulares en la organización de los Estados democráticos. No obstante, su interacción no siempre es fluida, y en ciertas ocasiones pueden colisionar. Este ensayo explora la definición de seguridad nacional según Paco Moncayo, los derechos humanos según Pedro Nikken, el rol del Estado constitucional en la seguridad nacional y los puntos de conflicto entre ambos.
El Estado constitucional es un modelo de organización política donde la Constitución es la norma suprema y regula la estructura del poder, los derechos fundamentales y los mecanismos de control institucional. Se diferencia de otros modelos de Estado porque establece límites claros al ejercicio del poder, asegurando que las decisiones gubernamentales respeten principios democráticos y jurídicos.
El Estado constitucional se fundamenta en varios principios esenciales: Supremacía de la Constitución: Todas las leyes y actos del gobierno deben ajustarse a la Constitución., Separación de poderes: El poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar abusos., Garantía de derechos fundamentales: La Constitución protege los derechos individuales y colectivos., Control del poder: Existen mecanismos como el Tribunal Constitucional para supervisar la legalidad de las decisiones estatales.
En el ámbito de la seguridad nacional, el Estado constitucional establece límites a las acciones del gobierno para evitar excesos en nombre de la estabilidad. La seguridad debe garantizarse dentro del marco del respeto a los derechos humanos, evitando prácticas como la vigilancia masiva o la represión de movimientos sociales.
El maestro y héroe militar ecuatoriano, Paco Moncayo, quien nos honra con su amistad, define la seguridad nacional como el conjunto de estrategias y políticas destinadas a garantizar la estabilidad del Estado frente a amenazas internas y externas. En su obra Seguridad y Defensa, Moncayo enfatiza que la seguridad no debe limitarse a una visión militarista, sino que debe incluir aspectos políticos, económicos y sociales. Para él, la seguridad nacional es un concepto dinámico que debe adaptarse a los cambios geopolíticos y a las necesidades de la población.
El Estado constitucional juega un papel clave en esta definición al establecer el marco dentro del cual las estrategias de seguridad pueden ejecutarse sin vulnerar los principios democráticos. Esto implica que la seguridad debe ser integral, regulada y proporcional, evitando que la estabilidad del Estado se convierta en un pretexto para coartar libertades.
Pedro Nikken, jurista venezolano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, definió los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de la persona frente al Estado. Según Nikken, los derechos humanos no son concesiones estatales, sino principios universales que deben ser protegidos en cualquier circunstancia. Su enfoque resalta la relación entre derechos humanos y democracia, argumentando que el respeto a estos derechos es esencial para la legitimidad de cualquier gobierno.
El Estado constitucional, en este sentido, refuerza la protección de los derechos humanos, ya que establece controles sobre el ejercicio del poder estatal. Los tribunales constitucionales y la jurisprudencia internacional han sido claves en garantizar que las políticas de seguridad respeten los derechos fundamentales.
El conflicto entre seguridad nacional y derechos humanos surge cuando los Estados justifican medidas restrictivas en nombre de la estabilidad. Ejemplos históricos incluyen la vigilancia masiva, la represión de movimientos sociales y la militarización de la seguridad pública. En estos casos, la seguridad nacional se convierte en un pretexto para restringir libertades fundamentales.
Sin embargo, la seguridad nacional no tiene por qué ser incompatible con los derechos humanos. Un enfoque equilibrado implica garantizar la protección del Estado sin menoscabar la dignidad de las personas. Esto requiere mecanismos de control democrático, transparencia en las políticas de seguridad y la participación ciudadana en la formulación de estrategias.
El Estado constitucional es fundamental para evitar estos conflictos, ya que establece límites jurídicos que garantizan que las políticas de seguridad sean legítimas y proporcionadas. La existencia de un Tribunal Constitucional, como ocurre en varios países de América Latina, permite revisar cualquier norma o acción estatal que atente contra los derechos fundamentales.
La seguridad nacional y los derechos humanos deben coexistir en un Estado constitucional. La clave está en diseñar políticas que protejan la estabilidad sin sacrificar los principios democráticos. Como señalan Moncayo y Nikken, la seguridad debe ser integral y los derechos humanos deben ser inalienables.
El Estado constitucional garantiza que el poder estatal se ejerza dentro de límites democráticos y legales, evitando abusos en nombre de la seguridad. Solo así se puede construir un Estado que garantice tanto la protección como la libertad de sus ciudadanos.
Quién es el autor:
Abogado, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
j.morelperez@gmail.com
Twitter @juanmanuelsoyyo
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