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PERSONAL / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EE. UU.- La Suprema Corte de Estados Unidos parece dividida sobre la prohibición del presidente Donald Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Varios de los magistrados están divididos entre dos inquietudes: parecían escépticos de que los jueces de primera instancia tuvieran la potestad de congelar las acciones ejecutivas en todo el país.
Pero también parecían preocupados por la legalidad — y las consecuencias — de la orden ejecutiva subyacente al caso, una orden emitida por Trump en su primer día en el cargo, que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, o la práctica de otorgar ciudadanía automática a todos los bebés nacidos en Estados Unidos.
En una medida inusual, los magistrados habían acordado escuchar argumentos orales sobre si esas medidas cautelares a nivel nacional eran demasiado amplias y deberían haberse aplicado únicamente a los estados, grupos de defensa y personas que habían demandado en relación con la orden.
El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visados.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington. Lo consideran inconstitucional.
Trump suele arremeter contra los magistrados cuando le llevan la contraria. En su red Truth Social calificó de “jueces de izquierda radical” a aquellos que emiten medidas cautelares a nivel nacional.
“¡Podrían conducir a la destrucción de nuestro país!”, dijo sobre los jueces que, según él, “quieren asumir los poderes de la Presidencia, sin tener que alcanzar los 80 millones de votos” en las urnas.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.
Es probable que el Máximo Tribunal se pronuncie hacia finales de junio o principios de julio, aunque, debido a lo inusual del caso, podría tomar una decisión antes.
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