Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La XXII Cumbre Judicial Iberoamericana examina desafíos y progresos del sistema. José de León.
Los esfuerzos por una justicia independiente y centrada en las personas, parece una utopía, en concordancia con las reflexiones y planteamientos presentados ayer por líderes de cortes supremas y de consejos judiciales de 23 países, participantes en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebra en el país.
Alertas sobre los peligros que amenazan con erosionar su independencia y su poder de decisión en Iberoamérica, fueron emitidas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, Bolivia, Guatemala, Venezuela, y otros, durante una mesa redonda moderada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y secretario pro témpore de la CJI, magistrado Luis Henry Molina.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, se refirió a un estudio realizado en el área de investigación de la alta corte con el objetivo de obtener un diagnóstico sobre la independencia judicial en Iberoamérica, en el que dijo, se detectaron “dos tipos de ataques recurrentes”, desde dos perspectivas.
Indicó que el primero de ellos son ataques que afectan directamente a los jueces de manera individual, e incluyen procesos judiciales en su contra por el contenido de decisiones que toman; presiones “para resolver en cierto sentido”; amenazas, agresiones; campañas de difamación, reducción de salario o amenazas en ese sentido.
Agregó que el segundo tipo de ataques detectado en la investigación afecta al Poder Judicial en su conjunto, “y se han manifestado mediante la adversación de su presupuesto, violaciones al principio de la inamovilidad, y reformas que alteran su estructura o método de designación.
“Entre los hallazgos más relevantes advertimos también que en algunos países el proceso de elección de los jueces carece de mecanismos colaborativos entre los distintos poderes del estado, y no se apoya en criterios meritocráticos, lo que permite, en cierta medida, que el nombramiento del juez recaiga en una sola persona o poder”, resaltó.
En Bolivia
Romer Saucedo Gómez, quien preside el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, coincidió con Pardo en cuanto a que el presupuesto limita la independencia judicial en Latinoamérica.
“En Bolivia, nuestro presupuesto general del Tesoro del Estado no llega ni al 0.6 %; lo que manejamos ni siquiera se compara con lo de un órgano del Poder Ejecutivo. Eso hace que cada año tengamos que recurrir al ejecutivo para que se nos asigne esa cantidad que no abastece”, dijo.
En relación con el tema “Por una justicia centrada en las personas” Sauce Gómez afirmó que para garantizar el acceso a la justicia “hay que dejar de lado algunos formalismos” indicando que mucha formalidad genera barreras que impiden llegar a la ciudadanía.
“Para una justicia más humana, más cercana, nosotros creemos también que es momento de que los jueces se empapen con la ciudadanía, que conozcan la idiosincrasia de cada región; los jueces no podemos estar aislados o en un pedestal; si no compartimos, no entendemos a la gente”, señaló.
Refirió que Bolivia es el único país cuyos altos magistrados son electos mediante el voto popular, y él fue uno de ellos.
Dijo que una de las cosas negativas de ese sistema de elección fue que “creó una profunda crisis institucional del sistema judicial”.
“Existe una politización porque los candidatos que llegaron a las boletas estuvieron al servicio del poder político; se llegó a tener una intronización de la justicia, y eso nos llevó a la profunda crisis durante todo este tiempo donde la corrupción se apoderó del sistema judicial”, subrayó.
Y agregó que, “peor aún”, eso llegó a poner en riesgo el sistema democrático del país a través de acciones constitucionales donde con medidas cautelares paralizaron elecciones judiciales y se tuvieron elecciones parciales al punto de que algunos departamentos aún no han elegido a su representante ante las altas cortes.
“Y eso nos llevó a que en estos momentos en que estamos por desarrollar elecciones nacionales para elegir presidente del país el próximo 17 de agosto, inclusive se hablaba de que la justicia podría ser un instrumento para paralizar las elecciones del país con acciones constitucionales, y obviamente, nosotros tuvimos una posición muy firme, de que los que administramos justicia no podíamos poner en riesgo más de 40 años de democracia que le costaron sangre a nuestra patria”, puntualizó.
De su lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, dijo que si bien su país se rige por una Constitución de 1985 en la que se hacía énfasis en el debido proceso, derecho de defensa y la independencia judicial; y se han promulgado leyes que han permitido enfocar procedimientos de una manera más ágil, no todo está bien.
“Respecto a la elección de jueces y magistrados, en el caso de nuestro país sufrimos embates, al extremo de que, prácticamente la anterior Corte Suprema de Justicia prolongó sus funciones de 5 a casi 9 años”, dijo Cifuentes, al señalar a la magistrada Claudia Paredes, sentada a su lado su lado, quien hace seis meses tomó posesión de la nueva Suprema.
Ponentes
En la mesa redonda sobre el tema “por una justicia centrada en las personas” participaron como ponentes Michelle Muschett, directora regional del programa de la Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), y Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano.
Informes
Durante la jornada de ayer en el Hotel El Embajador, en esta capital, además se presentaron los informes de Rendición de Cuentas de los trabajos realizados. Los mismos estuvieron a cargo de las secretarías permanente y la pro témpore de la XXII CJI; y por la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
