Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La sorpresa surge porque entendía que, en las últimas cuatro décadas, República Dominicana había progresado suficientemente en libertades públicas, como para enfrentarse a un hecho tan vergonzoso y que afecta negativamente a la democracia.
García afirmó que ese intento de coacción y censura vulnera normativas nacionales, tratados y convenciones internacionales de los cuales el país es firmante, entre ellas, mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculante al derecho de los medios de comunicación a preservar información veraz y de interés público.
Explicó que la Constitución dominicana afianzó los derechos de acceso libre a la información pública y de libertad de expresión y difusión del pensamiento, además de otorgar rango constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia.
También subrayó que desde 2016, el Tribunal Constitucional sentó precedentes para allanar el camino de la libertad de expresión y difusión del pensamiento en los tiempos de complejidad que implica la comunicación en esta Cuarta Revolución Industrial y en la Era Digital en la que vive la humanidad.
En particular, detalló que en la sentencia TC-0092-19, el Tribunal Constitucional estableció que “la libertad de expresión es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho. En toda sociedad abierta o verdaderamente democrática, es indispensable, pues, la protección y promoción de la libre circulación de información, ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene un deber esencial de garantizar neutralidad ante los contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público…”.
Otra cita fue la sentencia TC/0171/20 que reconoce y ratifica la validez de la preservación de noticias veraces de interés público, especialmente en favor de los medios de comunicación.
“Señor director, el propósito de esta carta no es ofrecerle solidaridad; usted no la necesita en este caso. El propósito consiste en animarle a seguir sirviendo a la sociedad dominicana a través de las históricas páginas de Listín Diario, a pesar de las presiones movidas por intereses particulares. Sin una prensa capaz y responsable no puede existir una democracia sólida”, agregó García.
El Listín Diario, decano de la prensa dominicana con 135 años de historia, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que ha recibido un ultimátum de la empresa que aloja el dominio de sus contenidos digitales, exigiendo la eliminación de material noticioso de sus archivos en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de suspender inmediatamente sus transmisiones en línea.
Este acto de censura y coacción representa una violación flagrante de los principios universales que garantizan la libertad de información, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano (TC/0171/20), la cual reconoce el derecho de los medios de comunicación a preservar y mantener accesibles las informaciones veraces y de interés público que hayan difundido.
La empresa “Network Solutions”, operadora de la plataforma, ha fijado como plazo este viernes 16 de mayo para eliminar el material en cuestión, alegando que infringe sus términos de servicio.
La compañía dijo que había recibido una petición para que el contenido sea borrado.
El artículo objetado lleva por título “Lisandro Macarrulla hijo admite los cargos que le imputa el Ministerio Público en caso Medusa”.
Agregar Comentario