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(Washington D. C.) – Las autoridades salvadoreñas arrestaron a la destacada abogada y defensora de los derechos humanos Ruth Eleonora López, informó hoy Human Rights Watch.
La policía detuvo a López el 18 de mayo a las 11 p.m. en su hogar en San Salvador. La fiscalía la imputa por malversación de fondos. López actualmente dirige la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una de las organizaciones más importantes de derechos humanos en El Salvador. En el momento de su aprehensión, las autoridades no brindaron detalles sobre las acusaciones específicas en su contra.
“Ruth López ha denunciado con valentía la corrupción y las violaciones de derechos humanos en El Salvador”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Su detención es parte de una represión en aumento para silenciar a los críticos del gobierno de Nayib Bukele”.
La detención de López se suma a una serie de acciones represivas impulsadas por el gobierno, que ha demostrado una creciente hostilidad hacia periodistas, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. El gobierno de Bukele, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, ha acusado a sus críticos de ser “defensores de las pandillas” y ha aprobado leyes que restringen la libertad de expresión. También ha revocado exenciones fiscales a algunas organizaciones no gubernamentales y detenido a algunos defensores de derechos humanos, incluyendo un abogado y un pastor evangélico que participaron en una protesta pacífica contra los desalojos. Ante el creciente hostigamiento, fiscales que revelaron casos de corrupción del gobierno de Bukele y sus tratos con las pandillas se han visto obligados a exiliarse, al igual que varios periodistas.
En mayo de 2025, siete periodistas de El Faro, un reconocido medio de investigación, abandonaron el país tras recibir información de que el gobierno había emitido órdenes de captura en su contra. Esta medida ocurrió luego de la publicación de una investigación sobre negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Actos de intimidación y campañas de difamación posteriores forzaron a El Faro a trasladar a su personal y sus operaciones financieras a Costa Rica.
Una investigación de 2022 llevada a cabo por Amnistía Internacional y Access Now documentó el uso masivo del software espía Pegasus, de la empresa NSO Group, contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en el país.
El gobierno de Bukele ha tomado otras medidas para debilitar a la sociedad civil. El 13 de mayo, Bukele anunció que presentaría en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de “agentes extranjeros” que impondría un impuesto del 30 % a todas las donaciones recibidas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, han utilizado leyes de “agentes extranjeros” como una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden conducir a la censura o el cierre de organizaciones.
Los gobiernos deberían expresar con urgencia su preocupación por la detención de López y exigir a las autoridades salvadoreñas que aseguren acceso a su defensa legal, respeten su integridad física y cumplan cabalmente las garantías del debido proceso según el derecho internacional, señaló Human Rights Watch. También deberían instar al gobierno a retirar el proyecto de ley de “agentes extranjeros”, que representa una amenaza al derecho a la libertad de asociación.
“La detención de López podría representar un punto de inflexión para la libertad de expresión y de asociación en El Salvador”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional debería alzar la voz para frenar esta deriva autoritaria antes de que sea demasiado tarde”.
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