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EE.UU. sanciona a jueces y fiscales cubanos por la detención de Luis Robles, destacando la carencia de independencia judicial en Cuba.
El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a cuatro funcionarios judiciales cubanos — tres jueces y una fiscal — por su participación en la detención y condena arbitraria del joven manifestante Luis Robles Elizástigui, quien fue encarcelado en 2020 tras protestar pacíficamente en La Habana con un cartel que pedía libertad y el fin de la represión.
Los sancionados son la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana, informó el Departamento de Estado en un comunicado.
La medida impone restricciones de entrada a Estados Unidos tanto para estos funcionarios como para sus familiares inmediatos.
“Como resultado, estos funcionarios del régimen y sus familias no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Los cuatro trabajan en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde supervisaron el enjuiciamiento, la condena y la sentencia de Robles Elizástigui en nombre del régimen”, detalla el comunicado.
Elizástigui fue arrestado por apoyar pacíficamente al rapero cubano Denis Solís y condenado a cinco años de prisión por los delitos de ‘propaganda enemiga’ y ‘desobediencia’.
“Los jueces y fiscales que actúan como agentes del régimen — y no como parte de un poder judicial independiente — desempeñan un papel crucial en estas detenciones y enjuiciamientos arbitrarios”, remarca.
Añade que los jueces sancionados “son responsables de los procesos legales simulados que apuntan, condenan y sentencian injustamente a personas por expresiones pacíficas y activismo. Esto también se aplica a la re-detención de presos políticos que son devueltos a prisión por motivos triviales, como es el caso de José Daniel Ferrer y Félix Navarro”.
Un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que esta acción “reafirma el compromiso de la Administración Trump de exigir cuentas a quienes violan los derechos humanos en Cuba”.
También resaltó que jueces y fiscales, lejos de representar un poder judicial independiente, actúan como agentes del régimen cubano y son responsables de procesos judiciales politizados y arbitrarios.
Luis Robles fue liberado en enero de 2025 tras cumplir la mayor parte de su condena. El caso fue ampliamente denunciado por organizaciones internacionales, y en 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas calificó su encarcelamiento como arbitrario e injusto.
El Departamento de Estado recordó que el joven fue procesado únicamente por portar un cartel con la frase: “Libertad, no + represión, FreeDenis”. “Esta respuesta desproporcionada evidencia la intolerancia del régimen hacia la disidencia y la falta de libertades fundamentales en la isla”, apuntó.
La Administración Trump reiteró su respaldo al pueblo cubano y su intención de emplear todas las herramientas disponibles para defender sus derechos y promover la rendición de cuentas de los funcionarios implicados en abusos.
“Estas sanciones son un mensaje claro: quienes participen en la represión no quedarán impunes”, concluyó el comunicado.
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