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NUEVA YORK.- El gobierno de Donald Trump ha revocado la autorización de Harvard para admitir estudiantes extranjeros, intensificando su enfrentamiento con la prestigiosa universidad, y ha advertido que los miles de estudiantes foráneos actuales deben transferirse a otras instituciones educativas o arriesgarán su estatus migratorio, según anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una misiva.
“Con efecto inmediato, se anula la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Sevis) de la Universidad de Harvard”, escribió Noem en una carta dirigida a la institución, en referencia al principal sistema que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos. “Que esto sirva de aviso a todas las universidades e instituciones académicas del país”, agregó.
La medida se produce después de que Harvard se negara a facilitar información requerida por Noem sobre algunos titulares de visados de estudiante extranjeros. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la universidad de la llamada Ivy League -las más prestigiosas de Estados Unidos- creó un ambiente inseguro en el campus al permitir que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” agredieran a estudiantes judíos en el campus. Sin ofrecer pruebas, también acusó a la casa de estudios de tener vínculos con el Partido Comunista chino, afirmando que albergó y formó a miembros de un grupo paramilitar chino incluso hasta el año pasado.
“Esto implica que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros, y los estudiantes foráneos actuales deberán trasladarse a otra universidad o perderán su estatus legal”, añadió la agencia en un comunicado.
“Es un privilegio, no un derecho, para las universidades matricular a estudiantes extranjeros y beneficiarse de sus pagos de matrícula más altos para ayudar a nutrir sus dotaciones multimillonarias”, añadió Noem en la misiva.
La disputa se origina a partir de una petición del 16 de abril de Noem, en la que le exigía a Harvard que entregara información sobre estudiantes foráneos que pudiera implicarlos en actos de violencia o protestas, lo cual podría resultar en su deportación.
En concreto, Noem declaró que la universidad no proporcionó al DHS registros relevantes sobre “conducta inapropiada y otros delitos que harían que los estudiantes extranjeros fueran inadmisibles o susceptibles de expulsión”.
La universidad, según la publicación The Harvard Crimson, presentó parcialmente los expedientes disciplinarios de los estudiantes internacionales que habían sido solicitados por Washington.
Si Harvard desea recuperar la certificación, de acuerdo con la carta de Noem, debe entregar al DHS los registros solicitados en un plazo de 72 horas. La solicitud actualizada requiere todos los registros, incluidas grabaciones de audio o video, de estudiantes extranjeros participando en protestas o actividades “peligrosas” en el campus.
“Esta administración está responsabilizando a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, expresó Noem en un comunicado.
Harvard calificó la acción como ilegal y afirmó que está actuando con celeridad para proporcionar orientación a los estudiantes.
“Esta acción de represalia amenaza con causar un daño grave a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”, manifestó la universidad en un comunicado.
“La acción del gobierno es ilegal. Estamos plenamente comprometidos con mantener la capacidad de Harvard para acoger a estudiantes y académicos internacionales, que proceden de más de 140 países y enriquecen a la Universidad -y a este país- de manera inconmensurable”, dijo la universidad en un comunicado.
Esta es la última escalada en un esfuerzo continuo del gobierno de Trump por forzar cambios en universidades de todo el país, incluida Harvard, a las que acusa de fomentar ideologías antiestadounidenses, antisemitas, marxistas y de “izquierda radical”. También busca poner fin a los programas de diversidad destinados a abordar la marginación de las minorías.
A diferencia de universidades como Columbia, que aceptaron cumplir la nueva política de la administración republicana, Harvard demandó al gobierno ante la justicia hace un mes por el intento de imponer cambios en su plan de estudios, sus políticas de admisión y sus prácticas de contratación.
La semana pasada, la Casa Blanca anunció un nuevo recorte de 450 millones de dólares en subvenciones federales, que se suma a la congelación de 2200 millones más, de un total de 9.000 millones en revisión. Además, solicitó a la agencia recaudadora de impuestos, IRS, que revoque la exención de impuestos de la universidad.
Con un patrimonio de 53.200 millones de dólares en 2024, Harvard es la institución de educación superior más acaudalada de Estados Unidos.
Alrededor de 6800 estudiantes internacionales asistieron a Harvard este año, lo que representa aproximadamente el 27% del alumnado, según datos de matriculación de la universidad. Esto supone un incremento respecto al 19,7% en 2010. La mayoría son estudiantes de posgrado, provenientes de más de 100 países.
La Argentina, por su parte, cuenta hoy con 67 alumnos en la universidad. En la última década, la cantidad de estudiantes argentinos en Harvard ha oscilado entre 56 y 82, alcanzando su punto máximo durante el ciclo académico 2018-2019, en el primer mandato del presidente Donald Trump.
“Nadie sabe” lo que esto significará para los estudiantes internacionales ya matriculados, dijo a la AFP Alice Goyer, estudiante estadounidense. “Todo el mundo está entrando un poco en pánico”, ante la noticia, que ha desencadenado “mensajes de un montón de amigos internacionales, y creo que todo el mundo está simplemente… nadie lo sabe”, dijo.
Mientras tanto, un juez en California le prohibió el jueves al gobierno de Trump terminar el estatus legal de los estudiantes internacionales en todo el país mientras está pendiente un caso judicial que desafía terminaciones previas.
La orden del juez federal Jeffrey S. White en Oakland le prohibió al gobierno arrestar, encarcelar o trasladar a los estudiantes a otro lugar basándose en su estatus legal hasta que se resuelva el caso. Los estudiantes aún pueden ser arrestados por otras razones y su estatus legal aún puede ser revocado si son condenados por un delito violento que conlleve una pena de prisión de más de un año.
White, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, emitió la orden judicial a nivel nacional solicitada por los abogados de unas dos docenas de estudiantes que demandaron después de que su estatus legal fuera abruptamente terminado a principios de abril por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Más de 4700 estudiantes internacionales vieron cancelado su permiso para estudiar en el país esta primavera boreal, con poco aviso o explicación, como parte de la ofensiva del presidente Trump contra inmigrantes y ciudadanos extranjeros. En audiencias judiciales, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que revisaron los nombres de los titulares de visados de estudiante a través de una base de datos administrada por el FBI que contiene los nombres de sospechosos y personas que han sido arrestadas, incluso si los cargos fueron retirados o nunca fueron acusados de un crimen.
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