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Percibo con gran inquietud cómo buena parte de la sociedad dominicana se sumerge en asuntos triviales, descuidando los temas esenciales que realmente son fundamentales para el progreso de la nación.
Solamente en una civilización del espectáculo pueden adquirir importancia situaciones específicas, como las relaciones entre parejas que desean convivir juntas, incluso si son del mismo sexo; o el hecho de que una comunidad de propietarios se reserve el derecho de arrendar un apartamento a una persona en particular. Las redes sociales, e incluso medios tradicionales, han dedicado amplios espacios en las últimas dos semanas a debatir estos temas superficiales, intrascendentes e irrelevantes.
Sin embargo, resulta llamativo que no se preste atención a problemáticas que afectan la convivencia nacional.
En ocasiones son mencionados solo por cumplir con la rutina informativa, sin el menor intento de profundizar. Un ejemplo de ello es el caso que desencadenó la muerte de cinco personas en el municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón, relacionado con la venta y consumo de drogas narcóticas.
Al analizar el caso anterior, descubrimos la realidad de que los protagonistas son jóvenes menores de 23 años.
Lo mismo ocurriría si revisamos la cantidad de personas que mueren a manos de la Policía Nacional, producto de los famosos “intercambios” de disparos a los que estamos acostumbrados.
Lo cierto es que estamos perdiendo a muchos jóvenes que a edades tempranas se involucran en el microtráfico y consumo de estupefacientes, especialmente en las zonas más vulnerables del país. Las consecuencias incluyen el aumento de actividades de hurto y atracos, lo que explica el alto nivel de inseguridad ciudadana en República Dominicana.
Lo más preocupante es que en las esferas oficiales no se implementan planes para enfrentar con éxito este panorama sombrío que oscurece la posibilidad de que las nuevas generaciones impulsen la construcción de una sociedad dominicana políticamente responsable, económicamente más sostenible y éticamente más solidaria.
Teóricamente, existe un Consejo Nacional de Drogas que, por ley, tiene como objetivo educar a la población, especialmente a los adolescentes y sus familias, sobre las consecuencias legales del tráfico y consumo de sustancias prohibidas, así como fomentar la comprensión de las leyes en un lenguaje accesible. Desafortunadamente, en la práctica, esa institución hace poco, por no decir nada.
Mientras que el caso de la Policía es aún más alarmante; abundan las denuncias de complicidad de agentes con quienes gestionan los llamados “puntos” de drogas en toda la geografía nacional.
La Dirección Nacional de Control de Drogas informa con frecuencia sobre incautaciones de cargamentos de drogas, pero rara vez presenta a los responsables, lo que genera serias sospechas de complicidad.
Del Ministerio Público, por su parte, no se percibe dinamismo en la lucha contra el narcotráfico; su labor se enfoca más en la elaboración de expedientes contra la corrupción del gobierno anterior, pero mira hacia otro lado en relación con la gestión actual.
La única manera de frenar la incursión de nuestros jóvenes en el vicio de las drogas es mediante la implementación de políticas públicas que les garanticen oportunidades de educación, recreación, deportes, acceso a la cultura y empleos que respondan a sus expectativas.
Hay que proteger el presente de la juventud para que la generación actual pueda dejar una República Dominicana más próspera en el futuro.
