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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso un recurso de amparo constitucional de urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, contra el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la obligatoriedad de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional atenta contra el acceso a la justicia y el derecho al trabajo de los abogados.
La acción fue presentada por el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, junto a los juristas José Manuel Jerez Tineo, Manuel Emilio Galván Luciano y Julio Ángel Ledesma Suárez.
Potentini sostuvo que la Resolución núm. 21-2025 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, junto a la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, imponen el uso obligatorio de plataformas digitales para las audiencias, vulnerando derechos fundamentales como:
Según el CARD, la medida ha creado obstáculos operativos y tecnológicos, afectando a abogados y ciudadanos. Actualmente, en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional, la mayoría de las audiencias se celebran únicamente de forma virtual, exceptuando los procesos penales y embargos inmobiliarios.
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Potentini alertó que la virtualización obligatoria aumenta los riesgos de fraudes procesales, dificulta el acceso a archivos judiciales y limita el rol presencial de alguaciles, perjudicando la seguridad jurídica.
“La justicia no puede ser solo para quienes tienen tecnología. Esta virtualidad forzosa es, en esencia, un cierre parcial de los tribunales para muchos ciudadanos”, declaró el presidente del CARD.
El gremio también señaló que la medida perjudica el derecho al trabajo de abogados independientes, en particular aquellos de pocos recursos o de edad avanzada, quienes enfrentan dificultades adicionales para ejercer su profesión en entornos digitales.
El CARD solicitó al Tribunal Superior Administrativo que:
El presidente del CARD, Trajano Potentini, junto a directivos como Lucía Florentino, Aurelio Valenzuela, Alfredo Ramírez, Elizabeth Pérez y Marilyn Natera, reiteró que la institución no se opone al uso de la tecnología en la justicia, pero rechaza su implementación obligatoria, excluyente y desproporcionada.
Ahora, el Tribunal deberá resolver sobre el fondo del recurso de amparo presentado por el gremio de abogados.
