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BOSTON (AP) — Fiscales generales demócratas estatales y abogados del gobierno federal debatieron el viernes las implicaciones de la propuesta de reforma electoral del presidente Donald Trump. Las conversaciones se centraron en la factibilidad de implementar los cambios antes de las elecciones intermedias del próximo año, los posibles costos para los estados y, en general, la legitimidad de la autoridad presidencial para llevar a cabo tales modificaciones.
19 estados presentaron una demanda federal tras la firma de la orden ejecutiva por parte de Trump en marzo, argumentando que sus disposiciones interferirían con el derecho de los estados a establecer sus propias regulaciones electorales.
Durante una audiencia en el Tribunal Federal de Distrito en Boston, los representantes de los estados expusieron a la jueza Denise J. Casper que los cambios propuestos en la orden serían costosos y no podrían ser implementados de forma inmediata. Por ejemplo, actualizar la base de datos de registro de votantes en California podría sobrepasar el millón de dólares y requerir hasta un año, según Kevin Quade, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de California.
Los abogados añadieron que realizar tales modificaciones podría restar tiempo a la preparación para las próximas elecciones, lo cual, a su vez, podría socavar la confianza pública en el proceso electoral.
La orden de Trump forma parte de una serie de medidas ejecutivas emitidas al inicio de su segundo mandato, muchas de las cuales han sido objeto de impugnaciones legales. Este debate se da en un contexto marcado por las infundadas afirmaciones de Trump respecto a que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden se debió a un fraude masivo. Durante el año electoral, él y sus aliados promovieron la idea de que un gran número de no ciudadanos ponían en riesgo la integridad de las elecciones en el país, a pesar de que esta situación es sumamente inusual y, en caso de ser descubierta, puede derivar en cargos penales y deportación.
La orden ejecutiva establece que los votantes deberán demostrar su ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales y que no se contarán las boletas emitidas por correo o en ausencia que lleguen después del Día de las Elecciones. También introduce nuevas reglas para el equipo de votación y prohíbe a los no ciudadanos hacer donaciones electorales. Además, condiciona la financiación de subvenciones federales para elecciones a que los estados cumplan con plazos estrictos para la entrega de boletas.
La abogada del Departamento de Justicia, Bridget O’Hickey, defendió la orden al expresar que busca establecer un conjunto unificado de normas para las operaciones electorales, en lugar de permitir un mosaico de leyes estatales.
O’Hickey aseguró que mantener la confianza pública en las elecciones es fundamental para la estabilidad de la república y que la regulación uniforme es la mejor forma de lograrlo. Sin embargo, argumentó que la inquietud manifestada por los estados representa meras especulaciones.
La demanda presentada es una de tres acciones legales contra la orden ejecutiva. Otra fue presentada por Oregon y Washington, donde las elecciones se rigen casi en su totalidad por correo, permitiendo que las boletas que lleguen después del Día de las Elecciones sean contadas si poseen el matasellos de esa fecha.
El juez ya había bloqueado previamente la implementación del requisito de prueba de ciudadanía para las elecciones federales, aduciendo que este esfuerzo de Trump mediante una agencia federal usurpaba la autoridad de los estados y del Congreso.
Durante la misma audiencia del viernes, donde se discutió sobre una orden judicial preliminar, la exigencia de que las boletas se cuenten únicamente si son recibidas el Día de las Elecciones generó un intenso debate. O’Hickey argumentó que las boletas enviadas por correo que lleguen después podrían ser manipuladas. Sin embargo, defendió la necesidad de establecer plazos uniformes para evitar el riesgo de reemisiones de boletas. Respondiendo desde los estados, la fiscal general adjunta de California, Anne Bellows, aclaró que todas las boletas que lleguen después del Día de las Elecciones deben tener un matasellos que las valide, desestimando así posibles fraudes.
Además, enfatizó que no se puede ofrecer ventajas significativas a los votantes ausentes sobre aquellos que votan en persona. La postura gubernamental contradice a los Republicanos, que denuncian la intervención federal cuando se intentan implementar estándares uniformes para el voto. También se espera que la orden obligue a la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. a actualizar el formulario de registro de votantes, exigiendo a los ciudadanos comprobar su ciudadanía. Las disposiciones similares que se implementaron en algunos estados generaron preocupaciones por la posible privación de derechos a votantes capacitados que no pueden acceder fácilmente a los documentos requeridos, como sucedió con algunas mujeres que tendrían que presentar un certificado de nacimiento y una licencia de matrimonio.
El Departamento de Justicia sostiene que la orden es parte de la autoridad del presidente para exigir que los funcionarios electorales cumplan con sus responsabilidades legales y que solo limitaría los derechos de aquellos no ciudadanos, quienes no son elegibles para votar de todos modos.
La periodista de The Associated Press Christina A. Cassidy en Atlanta colaboró en este despacho. La historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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