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WHITTIER, Alaska, EE.UU. (AP) — Enclavado entre montañas glaciares y el estrecho de Príncipe Guillermo de Alaska, el puerto de Whittier es tan apartado que solo se accede por un camino que cruza un largo túnel de un solo carril, que vehículos y trenes comparten. Es tan pequeño que casi todos sus 260 residentes residen en el mismo edificio de apartamentos de 14 pisos.
Sin embargo, Whittier también es un punto de encuentro de dos importantes corrientes en la política estadounidense: la disputa sobre el significado de nacer en suelo estadounidense y las alegaciones falsas del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral generalizado por parte de no ciudadanos.
En un caso que los expertos califican de inédito, los fiscales de Alaska buscan presentar cargos por delitos graves contra 11 residentes de Whittier, la mayoría emparentados, alegando que afirmaron falsamente ser ciudadanos estadounidenses al registrarse o intentar votar.
Los acusados nacieron en Samoa Americana, un grupo de islas en el Pacífico Sur — a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda. Es el único territorio de Estados Unidos donde a los residentes no se les otorga automáticamente la ciudadanía por nacimiento, como dicta la Constitución.
En cambio, por un capricho de la historia geopolítica, se les considera “nacionales de Estados Unidos”, una condición que les confiere ciertos derechos y obligaciones, mientras que les niega otros. Los samoanos americanos tienen derecho a un pasaporte de Estados Unidos y pueden servir en el Ejército. Los hombres deben inscribirse en el Servicio Selectivo. Pueden votar en elecciones locales en Samoa Americana, pero no pueden postularse a cargos públicos en Estados Unidos ni participar en la mayoría de las elecciones federales.
Aquellos que deseen obtener la ciudadanía pueden hacerlo, pero el proceso cuesta cientos de dólares y puede ser engorroso.
“Para mí, soy americano. Nací americano en suelo americano”, afirmó el bombero Michael Pese, uno de los acusados en Whittier. “Samoa Americana ha sido suelo estadounidense, jurisdicción estadounidense, durante 125 años. Según la ley suprema del país, ese es mi derecho de nacimiento”.
Esta condición también ha generado confusión en otros estados.
En Oregón, las autoridades registraron inadvertidamente a casi 200 residentes de Samoa Americana para votar después de que obtuvieron su licencia de conducir, amparados por una ley estatal de registro automático de votantes. De estos, diez votaron en una elección, según la oficina del secretario de Estado de Oregón. Los funcionarios determinaron que los residentes no tenían intención de infringir la ley y no se cometió delito alguno.
En Hawái, una residente nacida en Samoa Americana, Sai Timoteo, se postuló para la Legislatura estatal en 2018 antes de descubrir que no se le permitía ejercer un cargo público ni votar. Siempre había considerado el voto como su deber cívico, y el formulario en el material electoral tenía una casilla para marcar: “Ciudadano de EE.UU./Nacional de EE.UU.”.
“Marqué esa casilla toda mi vida”, declaró.
Ella también evitó cargos, y Hawái modificó posteriormente su formulario para mayor claridad.
En medio de la avalancha de órdenes ejecutivas emitidas por Trump en los primeros días de su segundo mandato, hubo una que pretendía redefinir la ciudadanía por nacimiento y prohibirla para los hijos de padres sin permiso legal en Estados Unidos. Otro decreto modificaría la manera en que se llevan a cabo las elecciones federales, entre otros cambios que requerían que los votantes presentaran prueba de ciudadanía.
Hasta ahora, los tribunales han bloqueado ambas órdenes. La Constitución establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. También deja a los estados la gestión de sus elecciones.
El caso en Whittier comenzó con la esposa de Pese, Tupe Smith. Después de que la pareja se mudó a Whittier en 2018, Smith comenzó a ser voluntaria en la Escuela Comunitaria de Whittier, donde casi la mitad de los 55 estudiantes eran samoanos americanos, muchos de ellos sus sobrinos y sobrinas. Ayudaba a los niños con su inglés, les enseñaba a leer y les cocinaba platos samoanos.
En 2023, se abrió un puesto en la junta escolar regional y ella se postuló. Era la única candidata y ganó con aproximadamente el 95% de los votos.
Una mañana, semanas después, mientras preparaba el desayuno para sus dos hijos, agentes estatales tocaron a su puerta. Preguntaron sobre su historial de votación.
Explicó que sabía que no se le permitía votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero creía que podía votar en comicios locales o estatales. Dijo que, por instrucción de trabajadores electorales, marcó una casilla declarando ser ciudadana estadounidense porque no había opción para identificarse como nacional de Estados Unidos, según registros judiciales.
Los agentes la sacaron a la fuerza de su casa y la llevaron a una cárcel de mujeres cerca de Anchorage. Fue liberada ese mismo día después de que su esposo pagara la fianza.
“Cuando me pusieron las esposas, mi hijo comenzó a llorar”, relató Smith a The Associated Press. “Le dijo a su papá que no quería que la policía me llevara o me encerrara”.
Unos 10 meses después, los agentes regresaron a Whittier y emitieron citaciones judiciales a Pese, otros ocho familiares y un hombre no emparentado pero proveniente de la misma localidad de Samoa Americana que Pese.
Uno de los abogados de Smith, Neil Weare, creció en otro territorio estadounidense, Guam, y es cofundador del Right to Democracy Project con sede en Washington, cuya misión es “confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático que gobierna a las personas en los territorios estadounidenses”.
Sugirió que las acusaciones estaban dirigidas a “los blancos más accesibles” en ausencia de pruebas de que los inmigrantes ilegales voten frecuentemente en las elecciones federales. Incluso las investigaciones estatales han encontrado que el voto de no ciudadanos es sumamente raro.
“No hay duda de que la Sra. Smith carecía de la intención de engañar a un funcionario público para votar ilegalmente cuando marcó ‘ciudadano de Estados Unidos’ en el formulario de registro de votantes”, escribió la Corte de Apelaciones de Alaska la semana pasada, después de que un juez de primera instancia se negara a desestimar los cargos.
Los fiscales insisten en que su afirmación de ciudadanía fue intencionada, y su argumento de lo contrario se debilitó por la claridad de la redacción en los formularios de solicitud de votante que completó en 2020 y 2022. Los formularios indicaban que si el solicitante no respondía afirmativamente a ser mayor de 18 años y ciudadano de Estados Unidos, “no debe completar este formulario, ya que no es elegible para votar”.
La situación particular de los samoanos americanos se remonta al siglo XIX, cuando Estados Unidos y las potencias europeas buscaban ampliar sus intereses coloniales y económicos en el Pacífico Sur.
La Marina de Estados Unidos aseguró el uso del puerto de Pago Pago, en el este de Samoa, como estación de reaprovisionamiento de carbón para barcos militares y comerciales, mientras que Alemania buscaba proteger sus plantaciones de coco en el oeste de Samoa. Finalmente, el archipiélago se dividió y las islas occidentales se convirtieron en la nación independiente de Samoa, y las orientales, en Samoa Americana.
Los líderes de Samoa Americana pasaron gran parte de finales del siglo XIX y principios del XX argumentando que su gente debía ser ciudadana de Estados Unidos. La ciudadanía por nacimiento se concedió finalmente a los residentes de otros territorios estadounidenses: Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam e Islas Marianas del Norte. El Congreso consideró el tema para Samoa Americana en la década de 1930, pero fue rechazado. Algunos legisladores citaron preocupaciones financieras durante la Gran Depresión, mientras que otros expresaron objeciones abiertamente racistas, según un artículo publicado en 2020 en el American Journal of Legal History.
Los defensores de la ciudadanía automática argumentan que su aprobación beneficiaría particularmente a los entre 150.000 y 160.000 nacionales que viven en el territorio continental, muchos de ellos en California, Hawái, Washington, Oregón, Utah y Alaska.
“Pagamos impuestos, hacemos exactamente lo mismo que todos los demás que son ciudadanos”, afirmó Smith. “Sería bueno para nosotros tener los mismos derechos que todos aquí en los estados”.
Muchos en Samoa Americana con el tiempo se desilusionaron con la idea, temiendo que extender la ciudadanía por nacimiento pusiera en peligro sus costumbres, incluyendo las leyes de tierras comunales del territorio.
La privatización de tierras podría perjudicar a los residentes de la isla, similar a lo que ocurrió en Hawái, dijo Siniva Bennett, presidenta de la junta de la Samoa Pacific Development Corporation, una organización sin fines de lucro con sede en Portland, Oregón.
“Hemos podido conservar nuestra cultura, y no hemos sido despojados de nuestra tierra como muchos otros pueblos indígenas en Estados Unidos”, señaló Bennett.
En 2021, el Tribunal Federal de Apelaciones del 10º Circuito se negó a extender la ciudadanía automáticamente a los nacidos en Samoa Americana, asegurando que sería incorrecto imponer la ciudadanía a quienes no la desean. La Corte Suprema declinó intervenir en el caso.
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