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MIAMI, Estados Unidos. — La administración de Donald Trump reactivó esta semana los operativos de arresto en centros de trabajo de indocumentados, incluyendo hoteles, restaurantes y empresas agrícolas, a tan solo seis días de haber decretado una breve suspensión.
Con esto, el gobierno republicano se desdice de su mensaje anterior, en el que admitía que estos empleados eran “buenos trabajadores de larga trayectoria” y que sus empleos eran “casi imposibles” de sustituir.
La medida fue confirmada el martes por Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien afirmó en una declaración oficial que “no habrá espacios seguros para las industrias que alojen a criminales violentos o que intencionalmente intenten menoscabar los esfuerzos del ICE”.
McLaughlin puntualizó que la vigilancia en los lugares de trabajo “sigue siendo un pilar fundamental” de las políticas migratorias del Gobierno, y que estas acciones están dirigidas contra “redes de empleo ilegales que perjudican a los trabajadores estadounidenses, desestabilizan los mercados laborales y exponen la infraestructura esencial a la explotación”.
La reapertura de las redadas contradice directamente un memorando interno de la semana pasada obtenido por NBC News, en el que se había suspendido temporalmente la aplicación de estas medidas en sectores clave como la agricultura, la acuicultura, los mataderos, los restaurantes y los hoteles.
“Con efecto hoy, se suspende toda investigación/operación de aplicación en centros de trabajo en la agricultura (incluyendo acuicultura y plantas procesadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, indicaba el documento firmado por Tatum King, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en la oficina de campo de San Francisco.
La pausa se había interpretado como una respuesta directa a las presiones del sector agrícola y de la industria hotelera, cuyos empleadores se habían quejado de que la política migratoria “muy agresiva” de la Casa Blanca estaba privándolos de trabajadores experimentados, difíciles de reemplazar.
De hecho, el pasado jueves Trump reconoció en su red social, Truth, que su campaña masiva de deportaciones provocaría una escasez de trabajadores en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante.
“Nuestros grandes agricultores y las personas del sector hotelero y del ocio han estado diciendo que nuestra política migratoria muy agresiva les está quitando trabajadores muy buenos y de muchos años, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar. (…) Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los criminales de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!”, escribió el gobernante.
Sin embargo, a los pocos días, la Casa Blanca contradijo el tono conciliador. “Cualquiera que esté presente ilegalmente en Estados Unidos corre el riesgo de ser deportado”, declaró un portavoz oficial este martes.
El documento interno que anunciaba la suspensión también reconocía una limitación operativa: la dificultad que enfrenta el ICE para alcanzar la cuota mensual de 3.000 arrestos que la Administración había establecido como meta.
Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, tras su regreso de la cumbre del G7, Trump reafirmó que su gobierno ampliará los operativos: “Vamos a sacarlos [a los inmigrantes indocumentados]”, prometió. “Hay muchos más en las ciudades interiores, ciudades dirigidas por demócratas, tristemente, y solo les estoy diciendo: hay muchos más ahí que en una granja o en cualquier otro lugar”.
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