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Washington. La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no deportará a los niños no elegibles para la ciudadanía hasta que entre en vigor el 27 de julio la orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento, según un abogado del Gobierno, ayer, presionado por dos jueces federales.
Durante audiencias separadas en demandas que impugnan la orden de Trump, los jueces de distrito estadounidenses Deborah Boardman en Greenbelt, Maryland, y Joseph LaPlante en Concord, Nuevo Hampshire, establecieron calendarios acelerados para decidir si la orden puede ser bloqueada nuevamente, basándose en el fallo de la Corte Suprema del viernes que limita la capacidad de los jueces para impedir sus políticas a nivel nacional, sin excluir las medidas cautelares en demandas colectivas.
“Siempre hay mucha” Ambos jueces solicitaron al abogado del Departamento de Justicia estadounidense Brad Rosenberg, que representó al Gobierno en ambos casos, garantías de que la administración Trump no actuaría para deportar a los niños que no tengan al menos un progenitor que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente, al menos hasta que el decreto entre en vigor.
Rosenberg respondió que no lo haría, algo que Boardman y LaPlante le pidieron que confirmara por escrito el martes y el miércoles, respectivamente.
En el caso de Maryland, los defensores de los derechos de los inmigrantes revisaron su demanda, pocas horas después de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, fallara el viernes a favor de su caso y de otros dos que impugnaban el decreto de Trump.
La resolución de la Corte Suprema no abordó el fallo o la legalidad de la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump, sino que frenó la capacidad de los jueces para emitir órdenes judiciales “universales” para bloquear las políticas del presidente republicano en el país.
Y duro y dale contra Harvard
El gobierno de Donald Trump acusó ayer a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en su campus, amenazando con suprimir “una amplia gama de privilegios federales” si no cumple la ley para combatirlo.
“Harvard ostenta la triste distinción de ser uno de los caldos de cultivo más prominentes y visibles de la discriminación racial”, señala una carta dirigida a Alan Garber, el presidente de la prestigiosa institución, por el grupo de trabajo gubernamental creado para combatir el antisemitismo.
Tras una investigación “minuciosa”, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluye que la universidad “ha infringido gravemente” la ley que “prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional”.
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