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Panelistas Hermógenes Costa, Namphi Rodríguez y Ana Carolina Blanco. José Francisco.
El proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales que se debate en el Congreso Nacional no prevé penas de cárcel y se ajusta a los principios del Estado democrático, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y a estándares internacionales sobre derechos fundamentales.
En ello coincidieron el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, el exjuez del TC Hermógenes Acosta, la abogada especialista en tecnología Ana Carolina Blanco y el experto internacional en libertad de expresión Joan Barata, al participar en el conversatorio sobre el mencionado proyecto legislativo.
La actividad tuvo lugar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y contó con la asistencia del presidente de esa entidad, Leonel Fernández, de periodistas, abogados y académicos.
Rodríguez, también director de la Comisión Consultiva, explicó que se trata de una legislación con base sólida en la Constitución e instrumentos internacionales, inspirada en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia dominicana.
Subrayó que el proyecto acoge principios fundamentales de la libertad de expresión, como la prohibición de la censura previa, reconocida desde la Constitución de 1963, durante el gobierno de Juan Bosch.
Además, rechazó el calificativo de “ley mordaza” que algunos sectores han atribuido a la iniciativa, aclarando que no incluye sanciones de privación de libertad y que su espíritu es garantista, remitiendo los posibles conflictos al derecho común dominicano, a través del Código Penal, el Código Civil o las normas sobre delitos electrónicos.
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De su lado, Hermógenes Acosta opinó que el proyecto supone un avance, al corregir distorsiones jurídicas del pasado, como castigar con cárcel la difamación contra funcionarios o responsabilizar penalmente a directores de medios por hechos cometidos por periodistas.
Acosta también resaltó la importancia de regular el uso de redes sociales, no desde cero, sino aplicando criterios ya validados por organismos nacionales e internacionales.
Mientras que la especialista Carolina Blanco abordó los desafíos regulatorios que enfrenta República Dominicana ante el auge de las redes sociales, destacando aspectos de propiedad intelectual y tecnología.
Barata considera que la regulación de plataformas como Facebook, Instagram o Twitter debe abordarse en una legislación aparte, ya que los intermediarios no deben ser responsables por contenidos de terceros.
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