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Con más de un millón de hogares, albergando un promedio de tres personas, que viven en condiciones de extrema precariedad en todo el territorio nacional -según el último censo-, se manifiesta la trágica realidad de un elevado porcentaje de la población en grados extremos de pobreza y con viviendas en situaciones críticas, marcadas por la escasez de espacio y paredes endebles construidas con materiales inapropiados, con techos vulnerables a las inclemencias del tiempo y sin acceso a agua potable ni sistemas de eliminación de residuos. Le sigue en categoría la clase media baja, con pocas posibilidades de adquirir una vivienda a través de financiamiento y con una gran cantidad de personas que reciben salarios mínimos insuficientes, que están a punto de ser superados (o ya lo fueron) por el creciente costo de la vida. Más del 50% de los padres de familia en el país se ganan la vida en la informalidad, lo que los excluye del marco legal laboral y de la dinámica económica formal que promueve la seguridad y estabilidad de los ingresos.
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La movilidad social actual (que no ha sido impulsada por el crecimiento del Producto Interno Bruto, PBI) no prevé soluciones rápidas para las necesidades de vivienda digna de un amplio sector que se ve obligado a alquilar. Y ahora que el país está en proceso de modificar la ley que regula las relaciones entre inquilinos y propietarios, sería crucial que los legisladores sean conscientes de que las nuevas regulaciones deben proteger eficazmente a los arrendatarios contra los desalojos arbitrarios, sometiendo tales acciones a las decisiones de tribunales competentes y comprometidos con la equidad y el respeto a plazos razonables. Pero los derechos de quienes destinan sus bienes e inversiones a la oferta de inmuebles, cuya disponibilidad debe ser suficiente en el mercado, también requieren la intervención del Estado para asegurar que ambas partes cumplan con los contratos, a fin de no desalentar la indispensable contribución de los arrendadores a la comunidad que carece de viviendas. En muchos casos, las normas que han prevalecido sobre los contratos de alquiler han sido violadas en perjuicio de los propietarios.
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