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Tucson, Arizona. – Miles de familias centroamericanas, establecidas por décadas en Estados Unidos, se enfrentan a una nueva encrucijada migratoria. El gobierno del presidente Donald Trump, en su regreso al poder, oficializó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, lo que impacta directamente a más de 70,000 personas que han residido legalmente en el país bajo esta protección desde inicios de los años 2000.
La medida, anunciada el 7 de julio, representa un cambio radical para comunidades que construyeron sus vidas en Estados Unidos tras desastres naturales como el huracán Mitch en 1998, que asoló gran parte de Centroamérica. Bajo el TPS, los beneficiarios pudieron vivir y trabajar legalmente en el país, renovar sus permisos cada 18 meses y echar raíces profundas: hijos nacidos en EE.UU., hipotecas, negocios y contribuciones significativas a la economía.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organización que representa a migrantes hondureños en EE.UU., manifestó que la decisión fue recibida como “un jarro de agua fría”. “La mayoría de los beneficiarios del TPS llevan más de 20 años en este país. Son parte de nuestras comunidades. Pagan impuestos, sostienen familias y ahora enfrentan la amenaza de deportación”, declaró Flores.
Organizaciones defensoras de migrantes se han movilizado para presentar demandas legales e intentar detener la terminación del programa, tal como sucedió en 2018, cuando el gobierno de Trump intentó lo mismo y fue bloqueado por las cortes. En esta ocasión, sin embargo, hay incertidumbre sobre si los tribunales federales volverán a intervenir.
Además del temor al desarraigo, líderes comunitarios han lanzado duras críticas al gobierno de Honduras, al que acusan de falta de liderazgo y gestión diplomática. “Nos dejaron solos. No hubo presión seria desde Tegucigalpa para buscar una solución definitiva o negociar con Washington”, denunció Flores.
Desde la Cancillería hondureña, el vicecanciller Antonio García aseguró que se realizaron “todas las gestiones posibles” y explicó que, según el proceso legal, los beneficiarios aún tienen una prórroga automática de 6 meses, lo que les permitiría permanecer en EE.UU. hasta enero de 2026. No obstante, las organizaciones migrantes temen que esto solo posponga lo inevitable.
El fin del TPS no solo tiene implicaciones migratorias. La decisión también afecta directamente la economía de países como Honduras y Nicaragua, que dependen en gran medida de las remesas enviadas por su diáspora. En 2024, Honduras recibió más de $9 mil millones en remesas, lo que equivale a más del 25% de su PIB.
¿Qué es el TPS?
El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio otorgado a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impiden su regreso seguro. No es una vía hacia la residencia permanente, pero permite vivir y trabajar legalmente en EE.UU. mientras esté vigente.
Según datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y distintos medios, estos son los números de personas que SÍ tienen TPS en los EE.UU.:
Esto significa que estas 76 000 personas están protegidas actualmente por el Estatus de Protección Temporal (TPS).
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