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ESTADOS UNIDOS.- — Información interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), obtenida por el Cato Institute, revela una situación que contradice la narrativa oficial de las autoridades migratorias en Estados Unidos: dos tercios de los arrestados carecen de antecedentes penales.
La estrategia cambió tras una reunión celebrada a finales de mayo entre el subjefe de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, y altos directivos de ICE. Durante ese encuentro, Miller preguntó:
“¿Por qué no están en Home Depot? ¿Por qué no están en 7-Eleven?”
Ese comentario marcó el comienzo de arrestos masivos e indiscriminados, que dejaron de priorizar la peligrosidad o antecedentes criminales de los detenidos.
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El impacto de esta nueva política se refleja en los números:
La administración federal impuso una meta diaria de 3,000 arrestos, considerada “poco realista” incluso por los propios agentes.
Un funcionario confesó al New York Post que esta presión está “socavando la seguridad pública”, ya que obliga a liberar a migrantes con historial criminal para poder enfocarse en casos más fáciles, como solicitantes de asilo o personas que acuden voluntariamente a sus citas con ICE.
Los datos del Cato Institute también revelan que ICE ha detenido a 44,897 personas que solo tienen cargos pendientes y ninguna condena. Aunque legalmente sigue vigente la presunción de inocencia, ICE clasifica a estas personas como “criminales” para efectos de deportación.
En palabras del reporte:
“Esto priva a las personas de su derecho a limpiar su nombre y niega justicia incluso a posibles víctimas”.
El número récord de detenciones ha llevado a que ICE albergue a más personas que nunca, en instalaciones que según el reporte se describen como “escuálidas e inhumanas”, incluso peores que las cárceles para delincuentes violentos.
Para sostener estos operativos, ICE ha recurrido a pedir prestado de otros presupuestos, generando un déficit de $1,000 millones y desviando recursos de otras agencias, incluido el Ejército.
A diferencia de administraciones anteriores que concentraban recursos en casos que suponían un peligro para la sociedad, los expertos consideran que la estrategia actual es indiscriminada, caótica y sin enfoque.
El analista David J. Bier, del Cato Institute, resume así el hallazgo:
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