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El conflicto entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Dekolor, que durante años se encargó de la emisión de licencias de conducir, continúa escalando.
Todo empezó con una querella penal interpuesta por el director del INTRANT, Milton Morrison, que luego derivó en observaciones de la Contraloría General de la República y ahora “se suma al debate” una respuesta formal de la compañía acusada.
Según la Contraloría General de la República, la relación contractual entre el INTRANT y Dekolor se inició con una licitación pública en enero de 2020. Durante el transcurso del vínculo, se emitieron tres adendas: la primera, durante 2020-2021, incorporó el servicio de examen médico psicofísico sin estar previsto en los términos iniciales y no fue registrada ante la Contraloría; la segunda, en 2022, aumentó los precios sin justificación técnica suficiente y fue rechazada; mientras que la tercera, sí registrada formalmente, reconoció las anteriores sin que estas hubieran sido regularizadas. El órgano fiscalizador advirtió que estas acciones vulneran los principios de legalidad, transparencia y control administrativo.
Adicionalmente, la Contraloría observó que el convenio con la empresa PagoRD Xchange, S.R.L., suscrito en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10 %, no fue aprobado por el órgano competente ni registrado como contrato formal, lo cual constituye una violación a la normativa vigente.
En su querella, Morrison plantea que ambas empresas (Dekolor y PagoRD Xchange) estaban estrechamente relacionadas en lo operativo y comercial, y que el modelo de cobro implementado generó una alteración en los flujos financieros: en lugar de que INTRANT recibiera el 90 % del valor de cada transacción, como estaba previsto, recibió solo el 10 %, dejando el 90 % restante en manos de PagoRD. Esto habría generado una contingencia financiera estimada en más de RD$730 millones.
De igual modo, el documento presentado por Morrison ante la justicia detalla que en diciembre de 2024, Dekolor habría entregado regalos navideños — incluyendo cajas de vino y sobres con dinero en efectivo — a varios empleados del INTRANT, entre ellos RD$200,000 al director administrativo financiero y RD$150,000 al encargado financiero, supuestamente para asegurar la continuidad del contrato.
El director del INTRANT también denunció que el señor Rogelio Oruña, relacionado a Dekolor, habría enviado emisarios en distintas ocasiones para presentar propuestas de soborno, con el propósito de obtener la firma de una prórroga contractual por dos años.
La primera propuesta, según el expediente, consistía en un pago inmediato de RD$24 millones y dos millones mensuales durante toda la extensión del contrato. Posteriormente, se ofreció RD$30 millones como pago inicial, más la misma mensualidad. Ante la negativa, Oruña habría acudido directamente a Morrison con una advertencia: “Jochy te está preparando algo”, en tono considerado intimidatorio.
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La acusación agrega que en mayo de 2025, ya en proceso de una nueva licitación, Oruña regresó sin cita a la sede del INTRANT en estado de agitación, exigiendo un cambio en los términos del concurso. En ese momento, habría ofrecido un millón de dólares en efectivo como pago inicial, y RD$3 millones mensuales durante la vigencia del nuevo contrato, buscando influir irregularmente en la elaboración del pliego de condiciones.
Conforme al documento, desde 2021 se identificó una diferencia de RD$730,405,431.25 entre lo que debió ingresar a las cuentas del INTRANT y lo efectivamente recibido, además de pérdidas por más de RD$415 millones solo en 2023 por los servicios de licencias.
Frente a estas acusaciones, la empresa Dekolor, S.R.L. calificó de infundada la querella y aseguró que se trata de una represalia por haber cuestionado el proceso de licitación vigente. Según su representante legal, Marino Feliz Rodríguez, recurrieron a los mecanismos legales para denunciar inconsistencias en el pliego de condiciones, el cual, a su juicio, estaría diseñado para limitar su participación en igualdad de condiciones.
Aseguran que hasta el momento no han sido notificados formalmente por ninguna autoridad judicial sobre el proceso que ha sido divulgado en medios de comunicación.
El abogado también reveló que el INTRANT mantiene una deuda acumulada de más de RD$670 millones con la empresa desde 2022, situación que, según afirmaron, no ha afectado la calidad del servicio ofrecido.
Asimismo, el representante legal señaló que existe una “clara incongruencia” en las acusaciones, particularmente en lo relacionado con las supuestas irregularidades en las plataformas de pago, y reiteró que Dekolor ha actuado siempre dentro del marco legal.
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