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Elías Báez, director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
Las malas prácticas de las prestadoras de salud y los médicos son la mayor parte de las denuncias que llegan a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA). De 25,300 casos o solicitudes en los últimos seis meses, 8,984 estuvieron relacionados con el tema del seguro.
Elías Báez, titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), precisó que entre las quejas más frecuentes están los procedimientos y cobros indebidos, falta de cobertura, retención de pacientes, de cadáveres y documentos.
Indicó que en el período mencionado se gestionaron más de 1,500 casos urgentes de vulneración de derechos en salud, y evitaron cobros indebidos por más de 40 millones de pesos.
De las reclamaciones de salud atendidas, 5,908 fueron por el Seguro Familiar de Salud (SFS), 2,981 por el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y 95 por el Seguro de Riesgos Laborales (SRL).
Báez abordó estos temas durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Estuvo acompañado de Zully Arias Marcallé, directora del Departamento de Orientación y Defensoría; Malen Berroa, directora Jurídica y Shahady de la Rosa, supervisora general del Departamento de Orientación y Defensoría.
Entre los casos que Báez citó, destaca el de un médico en Barahona que quitaba verrugas y las facturaba como un tumor, llegando a cobrar 10 millones.
“El doctor le decía a la gente ‘eso es cáncer, ven que te lo quito’, y luego le facturaba a la ARS como si hubiese extirpado un tumor benigno o maligno”, afirmó Báez.
También mencionó casos médicos que aplican cateterismo a personas que no lo necesitan.
En relación a las prestadoras, refirió el caso de una señora que depositó 150,000 pesos en una clínica que le indicó que el seguro no cubriría, y cuando llamaron a la Administradora de Riesgo de Salud (ARS) y dijo que iba a dar la cobertura, por lo que tuvieron que devolver el dinero.
Sobre la retención de pacientes, hubo un caso de una clínica que decía que ni con un fiscal lo entregaba. Afirmó que esta práctica la ejercían casi todos los centros, pero ha disminuido por las acciones que ha iniciado la DIDA y su sistema de denuncias 24 horas.
Báez reconoce que las clínicas son negocios, pero no pueden retener a un paciente por deuda, porque es ilegal. Señaló que si un paciente con seguro subsidiado llega a un centro privado, la ley establece que debe ser estabilizado y referido al público.
En el caso de que el paciente tenga seguro contributivo, se le debe cobrar lo que contempla la cobertura y hasta el 20% de diferencia que establece la ley. “Pero tú no puedes retener a un paciente porque la Constitución establece que no hay apremio corporal por deuda”, señaló Báez.
En cuanto a las quejas contra las ARS, indicó que se presentan cuando condicionan la cobertura. A modo de ejemplo, Báez refirió que si cubren la rotura de una rodilla, quieren alegar que sea por una causa específica, no por la afección en general. “Por ejemplo, te reparo la rodilla, pero luego dicen, si es por accidente de un motor, o porque te caíste de un caballo, no”, explicó, tras criticar las cláusulas engañosas.
Sin embargo, Báez manifestó que, aunque se presentan reclamaciones contra las ARS, estas cumplen los procedimientos que están en el catálogo. “El mayor problema y la mayor resistencia la hemos tenido con los prestadores y los médicos”, expresó.
Sobre los elementos que considera hay que modificar de la Ley de Seguridad Social, el director de la DIDA consideró que se debe fortalecer el rol fiscalizador del sistema y que haya sanciones reales para quienes incumplan, como en el caso de los cobros ilegales.
También, que haya estandarización de tarifas para evitar cobros variables y “sorpresas” al momento de recibir servicios, y que se establezca un plazo para actualizar el catálogo del plan de salud. Además, que cuando suban la cápita no haya aumento de los insumos y medicamentos.
Otra propuesta de Báez es que se reduzcan la cantidad de instituciones del sistema de seguridad social para bajar gastos y las ganancias de la Administradora de Fondos de Pensiones, y se redistribuyan los recursos entre los afiliados. “Una ley de hace 20 años hay que repensarla para que sea más equitativa”, expresó Báez. No obstante, reconoció que “de acuerdo a los intereses, las cosas pasan en el Congreso, lamentablemente”.
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