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El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) no escapa del escándalo de presunta corrupción destapado por el Ministerio Público (MP), a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la llamada operación Lobo. En esta se señala a 10 oficiales, activos y retirados, de pertenecer a una supuesta red criminal que operaba desde el año 2012 (hasta enero de 2025) y que llegó a recibir en sobornos más de 108 millones de pesos en diversas entidades estatales, según la solicitud de medida de coerción.
El órgano acusador indica que la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) “operó como el eje central de una red criminal dedicada al pago de sobornos y al ocultamiento de fondos ilícitos, producto de contrataciones estatales adjudicadas mediante prácticas corruptas en diversas instituciones públicas”.
Entre esas instituciones se encuentran, además del Inaipi, Edesur, Edenorte y Edeeste, así como el Seguro Nacional de Salud (Senasa). “Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para desviar fondos públicos”, expone el documento preparado por la Pepca.
En lo concerniente al Inaipi, de acuerdo con los datos estadísticos de 2020, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia contaba con alrededor de 122 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) a nivel nacional, además de 117 Centros Comunitarios de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI), de los cuales 41 funcionaban bajo la modalidad de cogestión. La Pepca señala que estas estructuras requerían protección.
“Al momento de ocurrir los hechos delictivos que motivan la presente solicitud de medida de coerción, el equipo de seguridad del Inaipi estaba integrado por su encargado, el coronel Francisco Guarín Fernández Vásquez, y por el teniente Wellington Peralta Santos, siendo este último miembro del Comité de Compras de dicha institución”, se puede leer en la solicitud de medida de coerción contra el acusado.
En este contexto, durante la gestión del mencionado coronel, el Comité de Compras y Contrataciones llevó a cabo la licitación Pública No. INAIPI-CCC-LPN-2022-0017, según el Ministerio Público. Dicho proceso se caracterizó por un conjunto de violaciones a la ley, originadas por la distribución de sobornos entregados a funcionarios de esta entidad por parte de la empresa acusada Senase. Estas acciones posibilitaron a la empresa señalada asegurarse la adjudicación de dos de los lotes licitados, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción.
El documento, con más de 400 páginas, detalla que los representantes de la empresa Horus VIP SRL, con la cual el Inaipi firmó el contrato de seguridad, se reunieron varias veces con los funcionarios de la entidad estatal, responsables de la ejecución del contrato firmado, con el propósito de cumplir con las obligaciones acordadas. Sin embargo, estos imputados “mediante trabas irracionales le impedían la instalación de los vigilantes en los puestos acordados y no le facilitaron la información y la autorización que le permitiera realizar el levantamiento de la situación de seguridad en cada puesto, lo cual resulta imprescindible para la instalación del servicio.
En el caso de Horus VIP SRL, se le asignaron 42 puestos y solo en 21 de ellos la empresa logró instalar vigilantes de seguridad debido principalmente a:
1) La falta de información y autorización que debía suministrarle la institución a los contratistas.
2) Miguelina del Carmen Báez Tellería les había indicado que los vigilantes serían instalados a requerimiento de la institución.
3) Miguelina del Carmen Báez Tellería, había indicado que el listado de puestos que le fueron asignados solo era una mera referencia contractual que no se ajustaba a la necesidad para la que se contrató, alegando que el servicio no era fijo si no “a requerimiento”, alterando las condiciones del contrato.
4) No existía un cronograma previo de entrega del servicio
La Pepca identificó casi 13 millones de pesos (RD$12,846,920.78,) recibidos por funcionarios relacionados al Inapi de parte de Senase, de acuerdo con los registros financieros obtenidos durante la investigación. Esas transferencias se encuadran en el esquema de sobornos sistemáticos vinculados a los contratos adjudicados a la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL, y fueron canalizadas directamente por los funcionarios imputados en esta línea de investigación y recibidos mediante operaciones de intermediarios, simulando una justificación económica legítima, según el documento.
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a lo tipificado en los artículos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
Asimismo, se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la proscripción de la corrupción administrativa.
En lo que concierne al lavado de activos, los hechos se corresponden con los artículos 3 numerales 1, 2 y 3; artículo 4 numeral 8; y artículo 9 numerales 1, 2 y 4 de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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