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CONCORD, N.H. (AP) — Un juez federal en New Hampshire emitió este jueves un fallo que impide la aplicación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que pretendía terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en todo el país.
El juez Joseph LaPlante ordenó una medida cautelar preliminar que bloquea dicha orden ejecutiva y certificó una demanda colectiva que incluye a todos los menores que podrían verse afectados. La resolución, dictada tras una audiencia de una hora, contempla una suspensión de siete días para dar lugar a una apelación.
La decisión del juez podría adelantar el regreso del asunto de la ciudadanía por nacimiento a la Corte Suprema, que recientemente limitó el poder de los jueces para emitir medidas cautelares de alcance nacional. Ahora, los magistrados podrían tener que determinar si la orden ejecutiva de Trump se ajusta a esas nuevas directrices.
La demanda colectiva aprobada por el juez es un poco más restringida de lo que solicitaban los demandantes, quienes buscaban incluir también a los padres. Sin embargo, los abogados indicaron que esto no tendría un impacto significativo en el caso.
“Esto va a proteger a cada niño en el país de una orden ejecutiva ilegal, inconstitucional y cruel”, declaró Cody Wofsy, abogado de los demandantes.
La demanda fue presentada en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus hijos recién nacidos. Es una de varias demandas que impugnan la orden firmada por Trump en enero, que niega la ciudadanía a los hijos nacidos en EE.UU. de padres que residen en el país de forma ilegal o temporal. Los demandantes están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones.
El centro del debate es la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. La administración Trump sostiene que la frase “sujetas a su jurisdicción” permite negar la ciudadanía a bebés nacidos de mujeres que se encuentran en el país de forma ilegal, contradiciendo una interpretación jurídica establecida por más de un siglo.
“Previas interpretaciones erróneas sobre esta cláusula han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal, que ha perjudicado la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, argumentaron los abogados del gobierno en el caso de New Hampshire.
El juez LaPlante, quien ya había emitido una medida cautelar limitada en un caso parecido, aseguró que aunque no considera absurdos los argumentos del gobierno, sí los encuentra poco convincentes. Afirmó que su decisión de emitir una medida cautelar “no fue una decisión difícil”, ya que privar de la ciudadanía estadounidense constituye un daño irreparable.
“Eso es un daño irreparable: la ciudadanía por sí sola”, señaló. “Es el privilegio más grande que existe en el mundo”.
Durante la audiencia, el subsecretario adjunto del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, argumentó que tanto aprobar la demanda colectiva como emitir la medida cautelar era prematuro, dado que nadie más allá de Trump ha actuado en función de esa orden. Agregó que permitirlo convertiría a un único tribunal en la máxima autoridad para revocar políticas federales nuevas, y sugirió que, en todo caso, la medida debería limitarse al estado de New Hampshire.
En un caso paralelo en el estado de Washington ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, los jueces han pedido a las partes que presenten informes sobre cómo impacta la reciente decisión de la Corte Suprema. Washington y los demás estados involucrados pidieron que el caso sea devuelto al juez de primera instancia.
En Maryland, como en New Hampshire, una demandante busca organizar otra demanda colectiva que abarque a todas las personas que serían afectadas por la orden ejecutiva. La jueza dio plazo hasta el miércoles para que se presenten argumentos por escrito mientras evalúa una nueva solicitud de medida cautelar nacional presentada por CASA, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
Ama Frimpong, directora legal de CASA, pidió calma a los miembros y beneficiarios de la organización:
“No hay que salir corriendo del estado en este momento”, dijo. “Existen múltiples caminos legales a través de los cuales estamos luchando para asegurarnos de que esta orden ejecutiva nunca llegue a implementarse”.
Los demandantes en New Hampshire, identificados solo con seudónimos, incluyen a una mujer hondureña con una solicitud de asilo pendiente, que espera su cuarto hijo para octubre. Declaró ante la corte que su familia huyó de su país tras ser amenazada por pandillas.
“No quiero que mi hijo viva con miedo ni escondiéndose. No quiero que sea blanco de la policía migratoria”, escribió. “Temo que nuestra familia pueda ser separada”.
Otro demandante, un hombre brasileño, vive con su esposa en Florida desde hace cinco años. Su primer hijo nació en marzo, y están tramitando la residencia legal basada en vínculos familiares, ya que el padre de su esposa es ciudadano estadounidense.
“Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, expresó.
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