El Seguro Familiar en la mira por desigualdades

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

La confrontación entre las entidades de salud y sus “clientes” es dispareja, ya que las normas del Sistema de Seguridad Social –que requieren revisión para fomentar la equidad y corregir fallos– favorecen a las aseguradoras y proveedores de asistencia, que son entidades con ganancias aseguradas, constantes y exitosas. Si nos preguntamos ¿quién defenderá a los afiliados?, la respuesta institucional es la DIDA (Dirección de Defensa de los Asegurados), una entidad que, a decir verdad, no tiene quien la respalde. Se declara en precariedad debido al irrisorio presupuesto mensual que recibe del Estado, el cual destina para actuar como “policía”, aunque carente de recursos para enfrentarse a las ARS, clínicas, hospitales, centros de diagnóstico y médicos (grandes evasores fiscales) que no proporcionan información clara.

La DIDA, defensora de los usuarios de las prestadoras, reconoce públicamente que sobrevive con recursos limitados, sin el apoyo necesario para cumplir con sus funciones. De la DIDA, obtenemos una verdad contundente: la mayoría de las quejas de los afiliados a la seguridad social (o “huérfanos virtuales”) evidencian malas prácticas de las prestadoras y médicos. Miles y miles de quejas fueron registradas en el primer semestre del año. La entidad está desbordada por las denuncias de procedimientos inadecuados, cobros indebidos, falta de cobertura, retención de pacientes, y problemas relacionados con fallecimientos y documentos. Entre enero y junio, gestionó más de 1,500 casos urgentes por violaciones a los derechos de salud que en ocasiones ponían en riesgo la vida. Miles de personas que creían estar protegidas por el Seguro Familiar de Salud acudieron a la DIDA, la cual apenas logró recuperar dinero de los afiliados, el cual fue extraído por las prestadoras, quienes aprovechaban las vulnerabilidades de la Seguridad Social. Esta DIDA, con escasos recursos, opera en un espacio reducido, con déficit de personal y tan solo 16 vehículos para brindar asistencia en 32 provincias, incluyendo a ancianos y discapacitados que han sido perjudicados.