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La conformidad del liderazgo sindical con el proyecto de reforma al Código Laboral, ya aprobado en primera lectura por el Senado -principalmente porque preservaría la cesantía-, contrasta con el rechazo rotundo expresado por una alianza representativa de los empleadores, reactivando la conflictividad laboral, dejando atrás la conciliación de intereses previa a la llegada del texto al Congreso Nacional. Un contenido valorado positivamente por quienes, desde la imparcialidad, tuvieron acceso a él, por considerar que sería más eficiente que el anterior para regular las relaciones entre capital y trabajo. Lo que ahora observa el observador neutral lleva a la conclusión de que los legisladores retrocedieron en lo formalmente acordado antes por las partes, en lo que fue un acuerdo tripartito tras dos años de diálogo con participación del Gobierno. Se evidencia que ahora la parte gremial sorprende al restarle importancia a ese proceso de unificación de criterios.
De todos modos, en este momento, se cuestiona al Senado por desvirtuar los avances introducidos a la propuesta legislativa inicial, que habían sido recibidos favorablemente. La iniciativa legislativa debió avanzar con lo acordado y la legitimación democrática que corresponde a cada herramienta legal destinada a regular con equilibrio la interacción de los ámbitos de la economía; del trabajo en su diversidad y gran valor social y de la inversión en cada una de sus dimensiones; de la creación de riqueza y de la subsistencia con captación de ingresos del universo ciudadano, que no debe sufrir las consecuencias de desencuentros entre liderazgos. La paz laboral debe ser preservada con flexibilidades y concesiones. La reforma laboral tiene un propósito esencial, que es generar un código adaptado a los tiempos, moderno y en armonía con las aspiraciones de empleadores y trabajadores, lo que no estaría garantizado en esta etapa del proceso de aprobación, desviada de la urgencia de aumentar el empleo de calidad.
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