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Socorro Jurídico Humanitario (SJH) comunicó que 426 personas han perdido la vida en Centros Penales bajo el Régimen de Excepción. Estas personas fueron capturadas y procesadas, sin ser condenadas, y fallecieron sin la posibilidad de una segunda audiencia. La muerte más reciente tuvo lugar en el sector CEAS del penal de Izalco.
“La cifra de fallecidos se ha incrementado a 426 víctimas mortales del régimen de excepción; tan solo en la última semana murieron 6 personas en penales como Mariona e Izalco”, precisó la organización.
Una de las últimas muertes se reportó en el sector 6 del penal La Esperanza, conocido como Mariona. Se trataba de un joven procesado por delito común, quien no pudo justificar con facturas $900 que traía de Guatemala en productos de belleza, como labiales, rubores y sombras, ya que solo tenía un recibo, motivo por el cual fue detenido.
Falleció en el hospital Zacamil. En el informe entregado a la familia figura como diagnóstico “edema pulmonar”. Su deceso ocurrió a los 45 días de ser capturado, y todo indica que los custodios lo torturaron y le negaron atención médica, por lo que no se trató de una muerte natural, sino de un homicidio.
Ingrid Escobar, directora del SJH, aseguró que cuando se producen homicidios en los centros penales, se clasifican como “muerte por determinar”, para luego archivarlos con el único propósito de encubrir dichos homicidios, mientras que las cuentas de la PNC en redes sociales siempre reportan “cero homicidios”.
Enfatizó que el sistema penitenciario de El Salvador tiene un protocolo de tratos crueles e inhumanos, que no se corresponden con lo que ocurre en el CECOT. Estos malos tratos van dirigidos exclusivamente a privados de libertad de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos, todo esto bajo la mirada pasiva de la PDDH y la FGR.
“Los actos de corrupción en el gobierno en estos 40 meses de régimen de excepción son incalculables, son causados por los agentes del Estado, quienes, siendo irresponsables, han cometido tantos delitos en contra de población inocente durante el régimen. Todo lo estamos sistematizando y enviando a los sistemas de protección de derechos humanos, la omisión en la investigación también es delito”, reiteró Escobar.
A juicio de la directora del SJH, hay una mala utilización del régimen y su extensión para seguir cometiendo actos arbitrarios y corrupción. No existe ninguna medida económica que haya beneficiado a la población; por el contrario, cada día hay más pérdida de empleos.
Externó que en El Salvador se vive en dictadura. La escalada represiva contra defensores de derechos humanos en el mes de mayo fue bastante evidente, con la captura de los abogados Ruth López, Alejandro Henríquez y Enrique Anaya, así como el líder de la Cooperativa El Bosque y el pastor Ángel Pérez.
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