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WASHINGTON (AP).- Diecisiete jueces de tribunales migratorios han sido cesados recientemente, según el sindicato que los ampara, mientras el gobierno de Trump intensifica sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país.
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a jueces de tribunales migratorios, así como a otros profesionales, comunicó en un comunicado de prensa que 15 jueces fueron despedidos sin justificación el viernes y otros dos el lunes. El sindicato indicó que trabajaban en tribunales de 10 estados del país: California, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia.
“Es indignante y contrario al interés público que, al mismo tiempo que el Congreso ha autorizado a 800 jueces de inmigración, estemos despidiendo a un gran número de jueces de inmigración sin una causa justificada”, declaró Matt Biggs, presidente del sindicato. “Esto es absurdo. La solución es dejar de despedir y comenzar a contratar”.
Los despidos ocurren mientras los tribunales han estado cada vez más en el centro de los esfuerzos de aplicación de la línea dura de la inmigración por parte de la administración Trump, con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestando a inmigrantes cuando se presentan ante el tribunal para los procedimientos.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que es la parte del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales, dijo en un correo electrónico que la oficina no haría comentarios sobre los despidos.
Los arrestos a gran escala comenzaron en mayo y han sembrado el temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes que comparecen ante el tribunal. En lo que ya es una escena habitual, un juez accede a la petición de un abogado del gobierno para desestimar el proceso de deportación contra un inmigrante. Mientras tanto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. esperan en el pasillo para arrestar a la persona y acelerar su deportación en cuanto salga de la sala.
Los jueces de los tribunales de inmigración también lidian con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Los casos pueden tardar años en llegar a una decisión final, y los jueces y abogados suelen programar audiencias finales sobre el fondo del caso con más de un año de antelación. A diferencia de los tribunales penales, los inmigrantes no tienen derecho a un abogado, y si no pueden permitírselo, se representan a sí mismos, a menudo recurriendo a un intérprete para presentar su caso.
Según la legislación recientemente aprobada, que destinará 170 mil millones de dólares a impulsar la aplicación de las leyes de inmigración, los tribunales recibirán una inyección de 3 mil 300 millones de dólares. Esta cantidad se destinará a aumentar el número de jueces a 800 y a contratar más personal para apoyarlos.
Sin embargo, el sindicato afirmó que, desde que la administración Trump asumió el cargo, más de 103 jueces han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar las llamadas ofertas de “bifurcación en el camino” al inicio de la administración. El sindicato señaló que, en lugar de acelerar el proceso judicial de inmigración, los despidos del Departamento de Justicia agravarían los retrasos. El sindicato indicó que reclutar, contratar y capacitar a nuevos jueces de tribunales de inmigración puede tardar hasta un año.
Actualmente hay unos 600 jueces, según cifras del sindicato. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia.
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