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El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva por 18 meses y que el caso sea declarado complejo, argumentando que los imputados, incluyendo militares, policías y empresarios, emplearon sobornos para obtener contratos de seguridad privada en instituciones estatales como Inaipi, Senasa, EdeNorte, EdeSur y EdeEste.
La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes presentaron más de 500 pruebas documentales y testimoniales.
En la solicitud de medida de coerción de la denominada operación Lobo, el Ministerio Público (MP) señaló a funcionarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), quienes, según el documento, “pactaron sobornos” para favorecer a Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase) con contratos para la protección y la vigilancia.
Los encausados son 10 oficiales, retirados y en activo, que también tenían ramificaciones en las otras EDE, y en el Inaipi y Senasa, según el órgano acusador. El MP detalla que en octubre de 2020, después de ser designado director de Seguridad Física de Edeese, el imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio, en el contexto de las contrataciones suscritas entre la empresa Senase, contactó directamente al representante de las empresas, el imputado Quilvio Bienvenido González, con el propósito de tener una reunión institucional relacionada a la ejecución del contrato suscrito con esa entidad.
Se indica que dicha reunión tuvo lugar en la oficina del imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio, situada en la avenida Sabana Larga, donde, tras abordar brevemente algunos aspectos técnicos del servicio, comunicó al imputado Quilvio Bienvenido González que formaba parte del equipo de dirección liderado por el ingeniero Andrés Fortuna, director general de Edeese, y que, en virtud de su posición, tenía control sobre las áreas administrativas y financieras responsables de autorizar y tramitar los pagos contractuales.
La solicitud de coerción explica que este contexto fue aprovechado por el imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio para solicitar al encausado Quilvio Bienvenido González la entrega periódica de una suma fija de dinero a cambio de garantizarle la agilización de los pagos que la empresa debía recibir por concepto del servicio prestado; advirtiéndole que, de no aceptar su propuesta, los pagos podrían retrasarse por periodos de hasta 90 días o más.
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