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Este próximo sábado, la legislatura actual está por concluir, por lo que los miembros de ambas cámaras legislativas están trabajando contrarreloj para no dejar sobre la mesa múltiples proyectos de ley.
Modificaciones a los códigos Penal y Laboral, cambios a la ley de Residuos Sólidos y nueva ley de Alquileres, son los principales proyectos que están siendo trabajados a toda prisa para que los mismos sean aprobados en ambas cámaras del Poder Legislativo y enviados al Poder Ejecutivo para su posible promulgación.
Sin embargo, cada uno de esos proyectos ha generado opiniones encontradas y rechazo de múltiples sectores, mayormente del empresariado.
El lunes 14 de julio, el presidente Luis Abinader manifestó que el Código Penal debe ser aprobado antes de que finalice la legislatura este 26 de julio, poniendo presión a los senadores, quienes al mediodía de este lunes harán el segundo intento de aprobar el nuevo código.
La propuesta de nuevo Código Penal no contempla la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e incluiría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; además el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, así como tipifica 72 nuevos crímenes.
Estas nuevas modificaciones han generado controversia debido a la no inclusión de las causales.
Una de las quejas planteadas por la exclusión de las causales provino del Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), que expresó su rechazo al proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso, el cual calificaron como “Código Penal de la vergüenza” y que el mismo representa un “retroceso disfrazado de modernidad”.
Luego de ser aprobado en segunda lectura por los senadores, la propuesta debe ser conocida por los diputados antes de la fecha límite y siempre y cuando no sea modificada por estos, podrá ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Mientras las propuestas de modificaciones del Código Penal están programadas para ser conocidas durante la sesión de este lunes, el Código Laboral se ha mantenido guardado en las carpetas de los senadores desde su aprobación en primera lectura.
La pieza tiene como finalidad actualizar diversos principios y artículos para mejorar las condiciones laborales y garantizar derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la prohibición de la discriminación, la promoción de la conciliación en conflictos laborales, y el fortalecimiento de las condiciones de trabajo, como las horas extras, la suspensión de contratos y las licencias laborales.
Además de mantener la cesantía laboral, la pieza contiene la primera regulación al teletrabajo en la historia del país; las modificaciones fueron aprobadas casi a unanimidad de los senadores presentes en esa sesión y al haber sido discutida por varios meses en el dialogo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas, la aprobación en segunda lectura pareciese garantizada.
Sin embargo, tras su aprobación en la primera discusión, múltiples sectores empresariales se expresaron en contra de lo que fue aprobado por los miembros de la Cámara Alta.
A través de un comunicado de prensa, el sector empresarial expresó preocupación y rechazo a la aprobación por considerar que representa un retroceso, argumentando que tras analizar el texto aprobado en la Cámara Alta, constataron que el mismo desconoce “importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere”.
Ante esa situación, llamaron a los legisladores y a las autoridades competentes a retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de empleadores, trabajadores y Gobierno, “para construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las futuras generaciones”.
Los empresarios entienden que la modificación al Código Laboral aumenta los costos y desincentiva la creación de nuevos empleos.
El Código Laboral corre el riesgo de quedar invalidado si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al quedar invalidado, el proyecto debería ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.
Los diputados enviaron a los senadores el proyecto de ley de Alquileres, la cual busca establecer un nuevo régimen para regular el alquiler de inmuebles en el país, delimitando las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen entre el propietario e inquilino cuando se realice un contrato de arrendamiento sobre una edificación.
Dentro de los sectores en contra de su aprobación se encuentra la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), quienes manifestaron su preocupación por el proyecto que establece el depósito obligatorio como garantía del contrato de alquileres en los bancos.
Los bancos pidieron a la comisión revisar los artículos 15 y 16 porque se les atribuyen funciones en las que no tienen atribuciones legales ni operativas.
La ABA afirma que esa disposición introduce a un tercero que carece de la competencia legal y genera riesgos operativos legales y de reputación en un pacto que es entre arrendador e inquilino.
Son los empresarios quienes también han manifestado su rechazo a la nueva ley de Residuos Sólidos, la cual establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones, ubicadas en un radio de 70 kilómetros, a excepción de la región Ozama, que es la más poblada.
A esa ley, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) manifestó su oposición a la misma pieza al advertir que múltiples disposiciones aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.
Este proyecto, tal como ha sido aprobado, debilita la gobernanza en materia de residuos, desconoce operaciones de valorización de complejos turísticos, pone en riesgo certificaciones internacionales de sostenibilidad y crea escenarios de descoordinación institucional que impactarían negativamente la competitividad turística del país, además de gravar el presupuesto del estado sin un análisis previo del impacto económico en la economía nacional.
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