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Los diputados Jorge Leonardo Tavares, Carlos de Pérez y José Jiménez presentaron un informe en disidencia, representando la bancada política de la Fuerza del Pueblo, para demostrar que es inútil crear esta institución gubernamental.
Aunque una parte de los congresistas opositores presentó un informe en disidencia para evitarlo, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia este martes el proyecto de ley que propone establecer una nueva institución gubernamental: el Ministerio de Justicia, que se agregaría a la lista de los 23 ya establecidos en el país.
Esta iniciativa legislativa, aprobada esta tarde en dos sesiones consecutivas, deberá regresar al Senado de la República para ser considerada en una única lectura antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, luego de que los diputados decidieran realizar diversas modificaciones formales en algunos artículos.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de precisar las atribuciones de persecución criminal que le caracterizan al Ministerio Público, separándolo de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo cual, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría encargarse de la gestión del sistema penitenciario nacional, el apoyo científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Viceministerios
El Ministerio de Justicia sería añadido a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país.
Entre los que se encuentran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores previeron la incorporación de cinco viceministros para asegurar el funcionamiento institucional.
Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, además del de Asuntos Registrales, Políticas Públicas contra la criminalidad, Derechos Humanos y Servicios a la Ciudadanía.
Asimismo, el documento estipula que el titular de este ministerio debería cumplir con los siguientes requisitos: Ser dominicano, estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no (podría) ejercer ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, señala el segundo párrafo del artículo 11.
“En contra de la austeridad gubernamental”
Los diputados Jorge Leonardo Tavares, Carlos de Pérez y José Jiménez presentaron un informe en disidencia, representando la bancada política de la Fuerza del Pueblo, para demostrar que es innecesario instituir este órgano gubernamental.
“Es innecesaria desde el punto de vista funcional y administrativo, ya que las competencias que se pretende centralizar ya están adecuadamente distribuidas entre órganos constitucionales y especializados”, indicaron los congresistas en el documento.
Además, podría generar “serios riesgos de inconstitucionalidad”, al infringir disposiciones claras de la Carta Magna sobre distribución de competencias, jerarquía normativa y autonomía institucional.
“Resulta contraproducente para el fortalecimiento del sistema de justicia, al desmantelar estructuras ya establecidas y reemplazarlas por entidades nuevas sin garantías de eficacia ni independencia”, aseveran.
Los representantes aseguraron que esta propuesta contradice la lógica de austeridad promovida por el Gobierno liderado por el presidente Luis Abinader, al implicar la creación de una nueva estructura con un alto costo operativo.
“Provoca duplicidades y solapamientos funcionales con instituciones existentes, tales como el Ministerio Público, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Defensor del Pueblo”, puntualiza.
Sin embargo, estos diputados manifestaron su oposición a un proyecto de ley que fue elaborado por un senador perteneciente al partido político al que pertenecen: La Fuerza del Pueblo. Mientras tanto, los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) optaron por apoyar la iniciativa.
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