Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Por Cornelio Polanco, candidato a doctorado en la Universidad de Valencia
A lo largo del año, tanto personas como instituciones meditan sobre sus objetivos y prioridades. Desde el logro de metas personales hasta el avance hacia un desarrollo social más equitativo, el ímpetu por mejorar persiste. Como apuntó Keynes, “La dificultad no reside en las nuevas ideas, sino en desprenderse de las antiguas.” Esta reflexión es crucial no solo para nuestras rutinas, sino también para las políticas públicas, que deben adaptarse con audacia y honestidad a los retos del presente.
En República Dominicana, erradicar la pobreza extrema para el año 2036 sigue siendo un objetivo transformador y alcanzable. Esta condición, definida como la incapacidad de generar ingresos suficientes para cubrir una canasta básica alimentaria (estimada en RD$3,643.5 mensuales por persona en 2023), no debería marcar el destino de ningún ser humano. Lo más esperanzador es que alcanzar esta meta no requiere forzosamente un incremento en el gasto público, sino una asignación más eficiente de los recursos existentes, basada en evidencia y con una gestión que priorice a quienes más lo necesitan.
Otros países han demostrado que políticas bien diseñadas, como transferencias monetarias directas, programas de nutrición y acceso universal a servicios básicos, pueden transformar vidas. Pero la clave no reside solo en las políticas, sino en la capacidad institucional para ejecutarlas de forma justa, eficiente y transparente. Erradicar la pobreza extrema es más que un objetivo económico: es una cuestión de justicia y dignidad que definirá nuestro futuro colectivo.
La paradoja de los recursos mal utilizados
Actualmente, el 2.3 % de los hogares dominicanos (aproximadamente 84,580 familias) viven en pobreza extrema. Mientras tanto, el programa social Aliméntate (anteriormente Comer es Primero) distribuye RD$1,650 mensuales a más de 1.5 millones de hogares, representando un gasto mensual de RD$2,517 millones.
Para superar el umbral de indigencia, las familias en pobreza extrema necesitarían RD$3,390 mensuales. Con una mejor focalización, bastaría con redirigir solo el 12.4 % del presupuesto actual, equivalente a RD$311.8 millones mensuales, para erradicar por completo la pobreza extrema. La paradoja no está en la falta de recursos, sino en su uso ineficiente.
Superar la línea de indigencia, si bien urgente, no equivale a erradicar la pobreza en sentido amplio. Muchas condiciones que afectan la calidad de vida (como la inseguridad alimentaria, la precariedad habitacional, la exclusión territorial o la violencia) no desaparecen automáticamente al aumentar el ingreso mensual. Por eso, si bien el enfoque técnico es indispensable para redirigir los recursos hacia quienes más los necesitan, es importante reconocer que la pobreza es un fenómeno estructural y multidimensional. Tratarla solo como un umbral que se puede superar con una transferencia corre el riesgo de ignorar las condiciones sociales que perpetúan la vulnerabilidad.
¿Quién recibe la ayuda?
Según la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central:
* Solo el 19.7 % de los beneficiarios de Aliméntate pertenecen al quintil 1 (los más pobres).
* El 21.7 % están en el quintil 2.
* Asombrosamente, el 35.7 % de los beneficiarios están entre el 40 % más rico de los hogares, con ingresos per cápita de hasta RD$37,352 mensuales.
Por cada hogar pobre que recibe ayuda, tres hogares no pobres o no vulnerables también la reciben.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) levantada por el BCRD.
¿Qué está fallando?
Francis Fukuyama lo resume bien: “Más importante que el tamaño del gobierno es su calidad.” En el caso dominicano, los principales problemas de los programas sociales son:
* Falta de focalización: recursos mal dirigidos.
* Duplicación de esfuerzos: múltiples subsidios sin integración.
* Burocracia ineficiente: altos costos administrativos sin valor añadido.
La herramienta que determina quién recibe ayuda, el Índice de Calidad de Vida (ICV) del SIUBEN, fue diseñada para medir pobreza estructural, no para identificar necesidades inmediatas de consumo. Es como pesar arroz con una probeta: la herramienta no cumple su propósito.
Una falla de diseño fundamental
Aunque el SIUBEN ha contribuido a organizar la información social en República Dominicana, su rol dista de consolidarse como un instrumento técnico al servicio de una política pública basada en evidencia. Su modelo de operación continúa centrado en una lógica de clasificación estadística (con débil fundamento en principios de economía del bienestar, medición multidimensional de la pobreza o análisis contrafactual). En la práctica, el sistema parece más enfocado en cumplir funciones administrativas que en responder a las verdaderas complejidades de la pobreza contemporánea.
El Índice de Calidad de Vida (ICV), que sigue siendo el núcleo de su metodología, no cumple con propiedades esenciales ampliamente aceptadas en la literatura sobre pobreza, como la monotonía o la consistencia en subgrupos (Sen, 1976; Foster y Shorrocks, 1991). Esto lo convierte en una herramienta conceptualmente limitada e inadecuada para la focalización de recursos, especialmente en contextos donde las privaciones pueden cambiar rápidamente, como ocurrió durante la pandemia del COVID-19.
La evidencia es clara. Mientras la pobreza monetaria aumentó 3.3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020 (pasando de 19.8 % a 23.2 %), los indicadores del ICV reportaron una reducción de 1.4 puntos porcentuales (de 21.6 % a 20.2 %). Esta desconexión entre indicadores y realidad no solo representa una falla técnica, sino una crisis de credibilidad. Cuando el principal instrumento de focalización no refleja la situación real de los hogares, se debilita tanto la eficiencia del gasto social como la legitimidad del sistema entero.
Si bien el SIUBEN ha incorporado un índice basado en ingresos (más alineado con las líneas oficiales de pobreza), este no se utiliza para definir el acceso a los programas sociales. Esta omisión metodológica, lejos de ser un simple descuido técnico, sugiere que la toma de decisiones permanece guiada por racionalidades operativas, más que por criterios científicos. La falta de transparencia en los algoritmos de selección y la ausencia de rendición de cuentas pública refuerzan la percepción de discrecionalidad y opacidad en su funcionamiento.
A esto se suma una diferencia fundamental en el enfoque metodológico. El ICV, como índice de pobreza, se construye a partir de análisis factoriales y técnicas de componentes principales, priorizando correlaciones estadísticas por encima de fundamentos teóricos o éticos. Esta lógica algorítmica, aunque útil en procesos de clasificación, ha sido ampliamente criticada por su opacidad, sensibilidad a las variables seleccionadas y falta de interpretabilidad normativa. En contraste, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por Sabina Alkire y James Foster, se fundamenta en una teoría sólida del bienestar y la justicia distributiva, y permite descomponer las carencias a nivel individual, regional y temático. Además, cumple con axiomas ampliamente reconocidos (como la monotonía, la descomponibilidad y la identificación dual) y ha sido adoptado por decenas de países como medida oficial de pobreza. La tendencia internacional apunta hacia la consolidación del IPM como estándar técnico y ético para la política social, mientras que metodologías como el ICV permanecen ancladas en paradigmas estadísticos ya superados.
En este sentido, modernizar el sistema de focalización dominicano requiere abandonar herramientas construidas sin sustento conceptual y avanzar hacia modelos con legitimidad científica y relevancia práctica. No sería descabellado empezar a considerar una reforma profunda del SIUBEN (una transformación que lo dote de una gobernanza robusta y lo equipe con herramientas teóricas y científicas orientadas a generar conocimiento útil para una política social justa, eficaz y verificable). No se trata solo de mejorar la precisión técnica, sino de asegurar que las decisiones de inclusión y exclusión puedan explicarse con criterios públicos, legítimos y éticamente sostenibles. Es difícil justificar ante dos vecinos ancianos y desempleados que uno reciba una transferencia monetaria y el otro no, simplemente porque en viviendas con pisos diferentes o porque sus hogares fueron medidos con instrumentos inconsistentes. Un sistema de protección social moderno debe ser no solo eficiente, sino también comprensible y defendible desde una perspectiva de justicia social.
Hacia un sistema más efectivo y justo
Actualizar los datos del SIUBEN es una urgencia. El último levantamiento se realizó en 2018, y desde entonces el entorno económico ha cambiado radicalmente. La pandemia alteró ingresos, empleos y condiciones de vida. Hoy se necesita:
* Un nuevo levantamiento de datos.
* Conectividad permanente con bases administrativas.
* Validaciones cruzadas en tiempo real.
Además, se requiere mayor coordinación entre programas sociales y la adopción de medidas para aumentar la resiliencia ante desastres. Incentivar construcciones seguras y respetuosas del ordenamiento territorial puede proteger a los hogares más vulnerables y reducir pérdidas futuras.
Una oportunidad para rediseñar
Erradicar la pobreza extrema no requiere más dinero, sino una gestión pública más inteligente. Las claves son:
* Redefinir los criterios de elegibilidad.
* Reducir burocracia y duplicación.
* Priorizar la focalización eficiente.
Un Estado que funcione mejor no es un ideal, es una necesidad. Si logramos redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan, habremos dado un paso
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