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NUEVA YORK – La representante demócrata neoyorquina, Nydia Velázquez, señaló que, junto a otros aliados en el Congreso, sigue buscando apoyo para impulsar la legislación que presentó, con el objetivo de impedir que criptoinversores que se benefician de la Ley 22 en Puerto Rico eludan impuestos federales.
“En los últimos meses, nos hemos concentrado en recabar respaldo para este proyecto entre el sector académico y la sociedad civil”, indicó Velázquez, en declaraciones escritas a El Diario, en referencia al H.R. 2982.
La Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025 o Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025 fue introducida el 21 de abril por la congresista de origen boricua.
La medida busca modificar el Código de Rentas Internas de 1986 para cambiar la aplicación de las reglas de procedencia de los ingresos de activos digitales de los residentes de Puerto Rico.
La intención tras la medida es evitar que estadounidenses que se reubican en el territorio evadan impuestos al fisco federal, relacionados con ingresos por estos activos.
Un activo digital es cualquier bien o valor que se puede adquirir, vender, poseer, transferir o intercambiar electrónicamente.
Actualmente, los ingresos bajo este rubro, como la minería o “staking”, de estadounidenses que se mudan a la isla bajo la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” (Ley 22) pueden quedar exentos del pago de impuestos federales si se clasifican como si fueran de origen puertorriqueño.
El cambio propuesto al Código sería para establecer que “cualquier recepción de un activo digital en relación con minería, staking o cualquier actividad similar con respecto a cualquier activo digital, o tenencia de cualquier activo digital (incluyendo cualquier bifurcación o airdrop de cualquier activo digital), o cualquier venta, intercambio u otra disposición de un activo digital no se considerará, a efectos de este título, como derivada de fuentes dentro de Puerto Rico”.
La enmienda se aplicará a los años fiscales que comiencen después de la fecha de promulgación de la ley, especifica el documento de la propuesta.
Las también representantes demócratas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Delia Ramírez (Illinois) coauspiciaron la pieza legislativa.
Desde su introducción, el proyecto de ley se encuentra ante la consideración del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
A principios de julio, los republicanos en el Congreso aprobaron la ley de impuestos que, entre otras cosas, implicará cambios al código tributario y extenderá algunas de las disposiciones de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos (TCJA) que el presidente Donald Trump impulsó durante su primer mandato.
Sin embargo, H.R. 2982 no fue incluido en el paquete.
Según las declaraciones de Velázquez a este medio, han tenido que lidiar con el hecho de que no hay datos claros y específicos sobre las constantes denuncias ciudadanas de desplazamientos y alza en la compra y alquiler de vivienda debido al acaparamiento del mercado por parte de extranjeros que se benefician del estatuto.
“En este proceso, nos hemos topado con una realidad preocupante: existe poca data que respalde lo que nuestras comunidades nos repiten una y otra vez. El paraíso fiscal en el que se ha convertido Puerto Rico — impulsado por quienes promueven la isla como un destino ideal para inversionistas de criptomonedas — ha hecho que la vida en Puerto Rico sea cada vez más insostenible”, expuso la congresista.
La legisladora, que representa el Distrito 7 de Nueva York, añadió que esperan por la publicación de un informe a raíz de una solicitud que hizo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) junto a Ocasio-Cortez y el fenecido representante de Arizona, Raúl Grijalva.
“Pronto, el GAO publicará un informe sobre los impactos de la Ley 22 en Puerto Rico, una respuesta a una solicitud que hicimos hace dos años el Rep. Grijalva, QEPD, la congresista Ocasio-Cortez y yo. Estoy segura de que este informe nos ayudará a cerrar brechas de información y lograr que más sectores comprendan la magnitud del problema de evasión contributiva que enfrenta la isla”, apostó la veterana política.
El GAO es una agencia federal independiente que actúa como el brazo investigador del Congreso y su organismo de control.
La demócrata añadió que “Demand Progress” y “Americans for Financial Reform” (AFR) se sumaron a las organizaciones que respaldan el esfuerzo legislativo.
“Aun así, ya estamos logrando avances importantes. Tan solo el mes pasado, recibimos una carta de respaldo por parte de Demand Progress y Americans for Financial Reform (AFR). Este es un paso clave que nos ayudará a visibilizar este tema a nivel nacional y a seguir impulsando la legislación”, puntualizó Velázquez.
La Administración de la gobernadora Jenniffer González encamina cambios al Código de Incentivos o Ley 60, que incluye la Ley 22, para imponer una tasa contributiva de 4% a los inversionistas residentes al tiempo que extendería la vigencia del programa hasta el 2055.
El 25 de junio, el Senado aprobó el proyecto cameral para extender la vigencia del programa 20 años más para los decretos a partir del 2026.
Según la información en la página del Senado, la revisión responde a los hallazgos de un estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), agencia encargada de otorgar y fiscalizar estos contratos, que reveló que los programas de incentivos han sido claves para atraer capital, generar empleo y promover donativos filantrópicos.
La medida además impone un requisito de residencia no previa de al menos seis años antes de solicitar los decretos contributivos.
La Ley 22 otorga exenciones de impuestos sobre ingresos pasivos (intereses, dividendos, ganancias de capital) bajo ciertos requisitos. Uno de estos es que los extranjeros, que principalmente provienen de EE.UU., se conviertan en residentes bona fide de la isla y permanezcan en el territorio al menos 183 días al año.
Los beneficiarios del estatuto también deben donar $10,000 anualmente a organizaciones sin fines de lucro en la isla.
La intención tras la ley era que estas personas invirtieran en la isla, crearan empleos y ayudaran al desarrollo económico. Sin embargo, detractores dentro y fuera de la isla, insisten en que el estatuto lo que ha hecho es agravar la crisis de vivienda y la gentrificación, y facilitar que estadounidenses evadan impuestos federales al mentir sobre su estancia en la isla.
En julio del 2023, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que encabeza una pesquisa contra recipientes de la Ley 22 en Puerto Rico.
A través de una entrada en su página web, la oficina indicó que investigaba a unos 100 recipientes de decretos de exención contributiva por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, lee la entrada bajo el subtema “Persiguiendo a evasores de impuestos millonarios”.
Bajo el encabezado “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS añade como asunto destacado lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
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