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De no suministrar dicha información, los estados podrían perder los fondos federales para sufragar el programa.
Este lunes, los fiscales de una veintena de estados anunciaron una demanda para frenar una iniciativa del gobierno de Donald Trump, que busca recabar datos personales de decenas de millones de estadounidenses beneficiarios del programa de asistencia alimentaria.
En mayo, la Comisión para la Eficiencia Gubernamental (Doge) y el Departamento de Agricultura de EE. UU. solicitaron a los estados, con plazo al 30 de julio, la entrega al gobierno federal de los datos de los cerca de 40 millones de beneficiarios del programa, conocido por las siglas Snap.
De no proporcionarse esa información, los estados podrían quedarse sin los recursos federales necesarios para financiar el programa.
No obstante, el lunes, los fiscales generales de unos veinte estados, incluyendo Nueva York, California y Míchigan, se negaron a compartir esos datos, argumentando, entre otras cosas, su temor a que se usen contra los migrantes.
“Esta administración ha instado a los estados a que le remitan la información personal sensible de todos los beneficiarios del programa Snap desde 2020. Esto incluye direcciones, números de la seguridad social y estatus migratorio”, declaró la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en una conferencia de prensa online.
“No se trata de mejorar un servicio del que dependen millones de personas, sino más bien de emplear el programa Snap como arma contra las comunidades inmigrantes (…) No lo vamos a tolerar”, agregó, alertando a su vez de que esta recopilación de información vulnera las leyes de protección de la privacidad.
Para la fiscal general de Míchigan, Dana Nessel, el gobierno federal pretende apropiarse de esta información “para crear una base de datos y compartirla con organismos que no están implicados” en la distribución de alimentos, “como la agencia de inmigración”.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración una prioridad máxima, prometiendo la mayor campaña de expulsiones de la historia de Estados Unidos.
En los últimos meses, los agentes del ICE, la autoridad fronteriza y de inmigración, han intensificado las detenciones en todo el país, especialmente a la salida de las audiencias en los tribunales sobre las solicitudes de asilo o durante redadas en centros de trabajo.
El mes pasado, 60.254 personas se encontraban detenidas en centros del ICE, a la espera de una posible expulsión. En enero, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, eran solo 40.500.
Para el fiscal general de California, Rob Bonta, el mensaje implícito en la petición de las autoridades federales, que también buscan recortar el gasto social, es claro: “Si necesitas ayuda, podrías ser castigado”, declaró, agregando: “Vamos a contraatacar”.
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