Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Califican la nueva ley como un retroceso significativo e insisten en detener su promulgación por el presidente Luis Abinader, pidiendo que esta retorne al Congreso Nacional.
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) alertó que la reciente Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos representa un retroceso en materia de medioambiente y sostenibilidad en el país.
Aprobada en primera lectura el pasado 23 de julio por el Senado de la República y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, la normativa ha generado controversia entre los distintos sectores involucrados.
Cristy Luciano, presidenta ejecutiva de Ecored, explicó que la reforma debilita principios de buena gobernanza y plantea riesgos de discrecionalidad al permitir la inclusión de personas con intereses particulares en la toma de decisiones.
“Nos preocupa que esta reforma haya sido aprobada en única lectura sin incorporar ajustes técnicos fundamentales ni abrir un espacio de diálogo real con los sectores involucrados”, denunció.
Señaló que la disposición consta de graves distorsiones que penalizan de manera injusta a las pequeñas y medianas empresas, afectan la libre competencia, crean un monopolio funcional y dejan de lado todos los esfuerzos por consolidar una economía circular, frenando el desarrollo de la simbiosis industrial.
Agregó que su diseño presenta un problema de sostenibilidad financiera donde, de los más de 8,000 millones de pesos que se estima recaudar en el 2025, cerca de 4,000 millones serían destinados al aumento de tarifas para empresas recolectoras y otros 2,000 millones a los ayuntamientos.
Con esto, más del 75% de los recursos se comprometerían desde el inicio y quienes recibirían la mayor parte de esos fondos tendrían poder de decisión dentro del fideicomiso.
Junto a demás representantes del sector empresarial, industrial y turístico del país, instó a detener la promulgación de la ley y que esta sea devuelta al Congreso Nacional para que se integre a un diálogo con las partes mencionadas y sean aplicadas las propuestas pendientes.
Entre estas, destaca una contribución especial respaldada por los estudios fiscales y financieros, mecanismos de contratación abiertos y competitivos, promover el valor, reciclaje y aprovechamiento de residuos, además de incluir un representante en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible.
“Creemos que el país necesita una legislación ambiental moderna, sólida y socialmente justa. Por eso, hacemos un llamado respetuoso pero enfático al Poder Ejecutivo para que revise con detenimiento esta ley antes de su promulgación, y se abra un nuevo espacio de discusión que ponga por delante el interés colectivo, la institucionalidad y sostenibilidad de la República Dominicana”, manifestó la empresaria.
En ese sentido, el gremio turístico y hotelero manifestó su oposición e inconformidad, advirtiendo que la reforma pone en riesgo la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonomía municipal.
Entre sus inquietudes, resaltaron la inacción del Congreso frente a los efectos adversos que provoca el sargazo en las costas nacionales, no declarándolo como residuo ni estableciendo su valorización.
Ante la posible limitación de que los establecimientos turísticos puedan gestionar la valorización de sus residuos, acusaron al órgano bicameral de afectar su capacidad para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad y los compromisos ambientales.
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem) destacó que dentro del cuerpo de la ley, el artículo 20 exige a las empresas cementeras a consumir combustible derivados de residuos nacionales en sus hornos, afectando a seis empresas productoras a utilizar un insumo inexistente en el país en cuanto a niveles de calidad, cantidad y aprobación se refiere.
Su directora ejecutiva, Julissa Báez, cuestionó la constitucionalidad de esta obligación al atentar contra la libertad de empresa.
Se suma a este reclamo la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), al afirmar que la ley fue aprobada sin atender los reclamos de la comisión y sin procurar un consenso con los actores claves del sector empresarial.
“En la ley aprobada, y que ahora está en manos del presidente de la República, persisten varias inequidades que podrían ser corregidas o enmendadas con buena voluntad”, expuso en un comunicado el presidente de la entidad, César de los Santos.
Así, indicó de manera precisa que se debe evitar la doble tributación, pues los vehículos de motor pagan entre 1% y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por las emisiones de gases de efecto invernadero relativo al carbono, además de que las empresas se encargan de la recogida de desechos sólidos.
Calificando que la ley aprobada presenta “un pecado original”, sostuvo que, de acuerdo con los principios contables, no se pueden gravar los ingresos por venta, pues al momento de realizar las operaciones, las empresas deben restar el costo de las mercancías, recibiendo solo las utilidades o beneficios brutos.
Agregar Comentario