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Los Ángeles, CA – El 29 de julio, el gobierno federal anunció la desestimación de los cargos de conspiración contra el activista chicano Alejandro Orellana, una victoria para el Centro CSO y todos los defensores de la libertad en el movimiento por los derechos de los inmigrantes que luchan contra la violencia de ICE.
El 12 de junio, el FBI, la Guardia Nacional y la estación del Sheriff de LA Este allanaron la casa de Orellana. Detuvieron a Orellana, destrozaron su hogar familiar y lo encarcelaron en el Centro de Detención Metropolitano, escenario de numerosas protestas contra la deportación. El Departamento de Justicia lo acusó de conspiración para cometer disturbios civiles y de incitar a disturbios civiles, lo que podría haber resultado en una pena de cinco años de prisión para Orellana.
Tras siete semanas de lucha en una campaña nacional, el Centro CSO se mantuvo firme, luchando contra la adversidad, la represión política y la intimidación, logrando el éxito. El Fiscal de los Estados Unidos, Bill Essayli, mano derecha de Trump, cedió ante la presión, dándose cuenta de que no ganaría el caso. Como señalaron los simpatizantes de Orellana en las acciones en todo el país, redistribuir caretas y botellas de agua no es un delito.
La campaña incluyó días nacionales de acción, exigiendo que el fiscal estadounidense Bill Essayli retirara los cargos contra Alejandro. Aliados de todo el país publicaron declaraciones de apoyo, se manifestaron en las calles, prepararon vídeos de apoyo, escribieron cartas y saturaron las líneas telefónicas para instar a Essayli a retirar los cargos fabricados. El CSO tuvo un impacto y llenó la sala del tribunal con simpatizantes durante las audiencias de Orellana.
En su audiencia, Orellana y el Centro CSO dejaron claro que rebelarse contra las injusticias crueles contra la Raza es un acto justo.
“Protestar no es un crimen”, dijo Orellana como respuesta cuando el gobierno retiró los cargos. “Proteger a la comunidad no es un crimen. La razón por la que ganamos es porque estamos en el lado correcto de la historia y nuestra causa es justa”.
Los ataques a personas indocumentadas siguen aumentando en número y ferocidad, mientras que el desastroso proyecto de ley de Trump destinará miles de millones de dólares al presupuesto de ICE para cumplir con las cuotas de deportación secuestrando a personas inocentes de las calles y lugares de trabajo. El Agente Principal de la Patrulla Fronteriza de California, Gregory Bovino, ve a todas las personas indocumentadas como criminales que deben ser recogidos en campos de concentración, intentando penalizar a cualquiera que se oponga a los secuestros cometidos por la policía federal.
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