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La historia de la humanidad pone de manifiesto el valor crucial de la “educación” para el desarrollo y progreso de las civilizaciones. Este reconocimiento debería llevar a una progresiva erradicación de su estatus de “privilegio” — aún presente en nuestra era — para materializar su naturaleza de derecho universal; ya que se trata de un imperativo categórico de nuestra sociedad dominicana en pos de un auténtico desarrollo humano integral.
Una visión global del sistema educativo dominicano en el nivel preuniversitario, considerando sus componentes, permite identificar una “intencionalidad” clara hacia la garantía del acceso universal a la educación a lo largo de la vida.
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En ese contexto, destacan las Escuelas Laborales, nombre que proviene de las antiguas escuelas de artes y oficios surgidas en Europa en el siglo XIX, y que en la República Dominicana comenzaron a establecerse en la primera mitad del siglo XX. Estas antiguas escuelas de artes y oficios sirvieron de base para la configuración, en la República Dominicana, de dos modelos de educación o formación para el trabajo: el de Educación Técnico Profesional (ETP) y el de Formación Técnico Profesional (FTP), también conocido simplemente como Formación Profesional (FP).
Asimismo, los centros que no evolucionaron y continúan operando bajo los mismos criterios de las antiguas escuelas de artes y oficios, se les denominó “Capacitación Laboral para Oficios Tradicionales”, según detalla el informe “Diagnóstico sobre el Estado de las Escuelas Laborales pertenecientes al Ministerio de Educación (2009)”.
No obstante, la Ordenanza 1-95, que estableció el currículo para la Educación Inicial, Básica, Media, Especial y de Adultos a partir del año escolar 1995-1996, reconocía la necesidad de modernizar el sector educativo, apoyándose en los contenidos de la ciencia, la tecnología y los valores, con el fin de responder de manera eficiente y eficaz a los retos del nuevo siglo que se aproximaba.
En esa misma línea, el Plan Decenal 2008-2018, en lo relativo a la “Educación de Jóvenes y Adultos”, asumió como desafío la problemática social que afecta a quienes no logran alcanzar un nivel educativo que les permita integrarse productivamente a la sociedad moderna. En ese momento, identificaba esta realidad como una de “las principales inquietudes que reclaman una urgente respuesta”, proponiendo como vía la Educación Técnico-Profesional y las distintas opciones de la formación profesional, incluidas las Escuelas Laborales.
Otro documento de gran relevancia en este ámbito es la Ordenanza 03-2017 que, entre sus metas, se plantea adaptar el diseño de la educación técnico-profesional a las demandas del mercado laboral, con el propósito de favorecer la inserción en el sector formal de personas jóvenes y adultas en situación de mayor desventaja y con necesidades específicas.
Mientras que en el Plan Decenal Horizonte 2024-2034 se identificó como parte del problema principal de la formación para el trabajo, “programas de Escuelas Laborales no articulados con la educación formal de jóvenes y adultos y no acceso a servicios educativos integrales y apoyo complementario”.
Los textos citados demuestran que las Escuelas Laborales requieren con urgencia la modernización deseada desde la década de los noventa, la cual debe producirse en tres aspectos fundamentales que no pueden seguir postergándose: primero, la modernización de su infraestructura y el equipamiento de los centros; segundo, el diseño de la oferta curricular, articulándola con la educación formal, el sector productivo y el contexto social; y tercero, la capacitación del personal docente de las Escuelas Laborales, siguiendo el modelo implementado en la modalidad de Educación Técnico Profesional. A esto, debe precederle un estudio que revele de manera integral su diagnóstico actual.
Sin embargo, el reconocimiento de la importancia trascendental que representan las Escuelas Laborales en la República Dominicana solo podrá ser comprensible desde la comprensión de la dimensión social; ya que, el fin primordial de la educación no se reduce a la transmisión de conocimiento, sino al bienestar colectivo de la sociedad, a través de garantizar la equidad, la inclusión y el desarrollo integral; en tal sentido, redimensionar las escuelas laborales del MINERD en un contexto de transformación, constituye una tarea urgente para una sociedad que aspira a fortalecer su capital humano, impulsar la productividad nacional y garantizar oportunidades equitativas de formación para todos sus ciudadanos.
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