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A partir del 3 de agosto de 2026, República Dominicana emprenderá una modernización significativa en su sistema judicial con la puesta en marcha del nuevo Código Penal, decretado por el presidente Luis Abinader. Esta modificación legal se da en paralelo a la implementación de una nueva cédula de identidad y electoral, más segura y difícil de imitar, fortaleciendo así la batalla contra el robo de identidad y otros delitos relacionados.
El abogado César Amadeo Peralta ha estudiado los efectos del nuevo marco legal, resaltando que ahora se establecen castigos más rigurosos para quienes falsifiquen documentos de identidad o faciliten la suplantación de personas. Entre las sanciones más importantes se encuentran:
5 a 10 años de prisión mayor para quienes tengan cédulas, licencias de conducir o pasaportes falsos.
5 a 10 años de prisión mayor para quienes faciliten los medios para el robo de identidad.
10 a 20 años de prisión mayor para empleados públicos con acceso a datos personales que participen en estos delitos.
Hasta 40 años de prisión en casos donde el robo de identidad se combine con otros delitos graves como lavado de activos o asociación ilícita.
El Artículo 188 del nuevo Código Penal define el robo de identidad como el uso de información ajena o falsa para cometer fraude o infringir la ley, incluyendo datos como nombre, número de cédula, cuentas bancarias, correos electrónicos y otros. Adicionalmente, se determina la confiscación de bienes adquiridos mediante este delito y su entrega al propietario legítimo.
El Artículo 190 agrava las penas cuando el delito se comete contra funcionarios públicos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Esta reforma representa un cambio profundo en la salvaguarda de la identidad ciudadana y en la prevención del crimen digital, adaptándose a los desafíos actuales de seguridad y justicia.
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