Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La ley italiana (art. 612-ter) sanciona la difusión no consentida con condenas de 1 a 6 años y multas.
Facebook desactivó un grupo público italiano donde miles de usuarios compartían y comentaban imágenes de mujeres en situaciones privadas sin su consentimiento. La decisión llega tras una avalancha de denuncias y verificaciones que detectaron publicaciones de carácter sexual, algunas incluso generadas mediante inteligencia artificial.
El grupo funcionaba como un foro público donde algunos hombres subían fotos de mujeres — incluso de sus propias parejas — tomadas en la rutina diaria o en momentos privados. Las publicaciones solían ir acompañadas de valoraciones de índole sexual y preguntas insinuantes dirigidas a la comunidad.
En varias entradas se detectó material creado o alterado con IA, una práctica que agrava la violación de la intimidad y dificulta la moderación. La combinación de imágenes robadas y contenido sintético propiciaba un ambiente de cosificación y acoso digital.
La actividad del grupo se mantuvo en el tiempo y generó comentarios misóginos y sexistas, según muestran capturas compartidas por denunciantes. Aunque algunos participantes empleaban su nombre real, otros actuaban de forma anónima, lo que facilitaba la escalada de conductas.
El caso saltó a la opinión pública cuando la escritora Carolina Capria se hizo eco en Instagram de lo que ocurría en ‘Mia Moglie’ y cuando la organización No Justice No Peace presentó una denuncia. Su difusión disparó la atención mediática y la presión social.
En menos de 48 horas, el volumen de reportes se multiplicó y la conversación escaló en redes y medios italianos, empujando a la plataforma a revisar de forma prioritaria la actividad del grupo. Incluso trascendió que administradores pidieron a los miembros “cautela” ante el aumento de avisos de incumplimiento.
Tras el aluvión de señalamientos, Meta determinó que el grupo infringía las políticas de la casa y procedió a cerrarlo de forma definitiva, retirando el contenido y bloqueando su acceso.
La compañía confirmó que no permite violencia, abusos ni explotación sexual en sus servicios. Cuando detectan publicaciones que puedan incitar agresiones, la plataforma puede deshabilitar grupos y cuentas, además de trasladar información a las fuerzas del orden si es pertinente para una investigación.
Según fuentes del sector, la clausura de espacios como ‘Mia Moglie’ combina revisión automatizada y análisis humano, algo especialmente relevante cuando hay indicios de imágenes manipuladas con IA o de daño a personas no consentidoras.
La oposición italiana, con el Partido Demócrata a la cabeza, arropó las denuncias y reclamó cortar de raíz la connivencia con el sexismo en línea. Su portavoz de la Conferencia de Mujeres Democráticas, Roberta Mori, subrayó que difundir imágenes o datos sin permiso perpetúa una cultura de violencia contra las mujeres.
La organización de consumidores Codacons también elevó la presión al advertir que emprendería acciones legales si el grupo no se retiraba. Activistas como Capria recordaron que el problema es estructural y que existen comunidades similares, incluso fuera de Facebook.
El Código Penal italiano, mediante el artículo 612-ter, tipifica la difusión de imágenes o vídeos sexuales destinados a permanecer privados sin el permiso de la persona retratada. Las penas previstas oscilan entre 1 y 6 años de prisión y contemplan multas de 5.000 a 15.000 euros, sin perjuicio de delitos más graves si concurrieran.
Según informaciones recibidas por medios locales, ya se han presentado denuncias de mujeres que reconocieron sus fotos en el grupo. Las víctimas pueden aportar capturas, enlaces y nombres de perfiles como prueba para facilitar la actuación judicial.
El cierre de ‘Mia Moglie’ evidencia el impacto de la presión social y el peso de la ley frente a la difusión no consentida de contenido íntimo, y reabre el debate sobre cómo las plataformas deben reforzar sus controles, responder con celeridad y colaborar con las autoridades para proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas.
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