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Miami. El sufragio postal en Estados Unidos nació en medio de la Guerra de Secesión, cuando los soldados de la Unión podían enviar sus boletas desde el frente. Desde entonces, pasó de ser una excepción bélica a transformarse en una modalidad esencial de participación ciudadana en la Unión Americana. Ahora, el presidente Donald Trump busca suprimir esa práctica, a la que tacha de “fraudulenta”.
El anuncio, sin fundamento constitucional, ha provocado un choque de visiones entre estados, expertos, tribunales y votantes estadounidenses que perciben en esa amenaza no solo una maniobra política, sino un intento de socavar la confianza en la democracia.
“Vamos a acabar con el fraude del voto por correo de una vez por todas. Mis abogados ya trabajan en una orden ejecutiva que pondrá fin a esa corrupción antes de las elecciones de medio término de 2026”, dijo Trump.
La respuesta fue inmediata. “No vamos a obedecer una orden ilegal. Los estados no son extensiones del poder federal”, advirtió Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona.
Desde Oregón, donde todas las elecciones son exclusivamente por correo desde 1998, la reacción fue similar; los funcionarios locales recordaron que este sistema está profundamente arraigado y protegido por la ley estatal.
Richard Pildes, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, resaltó a través de Reuters que “la Constitución no le otorga al presidente la potestad de ordenar a los estados cómo deben conducir elecciones nacionales”. Desde el Brennan Center for Justice, Wendy Weiser agregó que “si el presidente intenta prohibir el voto por correo mediante orden ejecutiva, los tribunales lo bloquearán rápidamente porque es una extralimitación manifiesta de sus facultades”.
Las organizaciones civiles también alzaron la voz; en la League of Women Voters señalaron que “el voto por correo es seguro, esencial para millones de ciudadanos y ningún presidente puede arrebatárselo con un decreto”.
También grupos de veteranos reaccionaron con furia. Uno de ellos dijo a EL UNIVERSAL que “muchos de nuestros miembros dependen del voto por correo porque están desplegados o tienen discapacidades. Prohibirlo sería un ataque directo a su derecho constitucional”.
Una veterana de Afganistán también comentó a este diario que “este hombre -Trump- está actuando como un insensible; sabemos que no fue a ninguna guerra en su vida y eso debería, al menos, darnos más respeto y reconocimiento a nosotros”.
El 15 de agosto, durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump relató su reunión con Vladimir Putin en Alaska. Según Trump, Putin le dijo, “tu elección fue manipulada porque tienen voto por correo. No hay país en el mundo que lo use. Es imposible tener voto por correo y elecciones honestas”. Con esa afirmación, Trump reforzó una narrativa conspirativa que desde hace años le sirve para cohesionar a su base y desacreditar cualquier derrota.
El choque legal parece inevitable si llegara a firmar esa orden, ya que los tribunales de distrito recibirían demandas inmediatas. En estados como California, Nueva York, Oregón y Michigan, por mencionar algunos, fiscales y gobernadores interpondrían recursos de inconstitucionalidad y los jueces emitirían suspensiones cautelares para frenar la aplicación de la orden. Al llegar a las cortes de apelación, el panorama se dividiría, circuitos como el Quinto, más conservador, podrían darles espacio a los argumentos de la Casa Blanca, pero la mayoría reafirmaría que el presidente carece de competencias en esta materia. Y “en la Corte Suprema, incluso con mayoría conservadora, lo más probable es que se confirmara el bloqueo” dice a EL UNIVERSAL el abogado constitucionalista Stephen Vladeck.
Michael Morley, profesor de derecho electoral en la Florida State University, confirmó a este diario que “el artículo I, sección 4 de la Constitución es claro; son los estados -de la Unión Americana- los que determinan la forma en que se llevan a cabo las elecciones y solo el Congreso -estadounidense- puede intervenir. El presidente no aparece en ese esquema. Una orden ejecutiva sería inconstitucional desde su origen”.
En paralelo, analistas advierten del costo político. Dan Hopkins, politólogo de la Universidad de Pennsylvania, afirmó que “el voto por correo alguna vez fue un arma republicana. Trump está debilitando a su propio partido al demonizar un mecanismo que históricamente favorecía a los conservadores”.
Los expertos en elecciones subrayan que los problemas de fraude son prácticamente inexistentes. El Brennan Center calculó que el rango de incidentes de fraude electoral está entre 0.0003 % y 0.0025 %. Rick Hasen, reconocido especialista en derecho electoral, dijo por CNN que “la evidencia muestra que el voto por correo es seguro; los casos de fraude son rarísimos y nunca han alterado un resultado presidencial”.
El único caso grave reciente fue en Carolina del Norte en 2018, cuando se anuló una elección congresional por manipulación ilegal de boletas. Pero ese episodio aislado sirvió como ejemplo de que el sistema puede detectar irregularidades y corregirlas. Nunca ha ocurrido un fraude masivo que ponga en riesgo una elección presidencial en los Estados Unidos.
Pero los ataques de Trump al voto por correo tienen dividida a la ciudadanía y provocan desconfianza sobre el sistema electoral estadounidense.
Mary Thompson, una jubilada de Colorado, comentó al Denver Post: “Yo no puedo manejar largas distancias para ir a votar, el correo es mi única opción; que el presidente diga que es fraude me insulta, porque mi voto es tan legítimo como cualquier otro”.
Por el contrario, en Texas, el simpatizante republicano John Miller comentó a Fox News que “si Trump dice que es corrupto, le creo. Prefiero votar en persona para estar seguro de que mi voz cuenta”. Estas voces ilustran la fractura social que la postura presidencial estadounidense ha profundizado entre sus votantes.
En los llamados estados pendulares, el efecto es aún más tangible. En Pennsylvania, Linda García, trabajadora en un hospital en Philadelphia, expresó públicamente: “Trabajo turnos de 12 horas y solo el voto por correo me permite participar. Si lo quitan, me están quitando la voz”.
En Michigan, Robert Jenkins, veterano de guerra residente en Grand Rapids, opinó lo contrario en una entrevista con AP. “He usado el voto por correo muchas veces, pero ahora no me fío. Si Trump lo elimina, no me molesta. Voy a la urna y listo”. Esta dualidad refleja cómo la batalla política se traduce en dilemas cotidianos para millones de ciudadanos.
Históricamente, los republicanos fueron los adalides del voto por correo. La pandemia del Covid-19 en las elecciones de Estados Unidos de 2020 marcó un cambio. Según Pew Research, 46% de los votantes de Joe Biden votaron por correo, frente al 27% de los de Trump. Al mismo tiempo, el 65% de los trumpistas prefirió votar en persona el día de la elección. Este cambio de actitud creó un patrón que ha perdurado desde entonces. Actualmente el voto por correo favorece más a los demócratas, mientras los republicanos renuncian a una herramienta que alguna vez les dio ventaja, azuzados por los discursos de que voto por correo es igual a fraude.
Según la U.S. Election Assistance Commission, en 2020 se enviaron más de 65 millones de boletas por correo y más del 90 % fueron devueltas y contadas sin problema. En 2022, alrededor del 32 % de todos los votantes en el país usaron este sistema. La encuesta de Pew de 2024 mostró que 58% de los demócratas confía plenamente en el voto por correo, mientras que solo 28% de los republicanos comparte esa confianza. Es decir, la brecha partidista ya es también una brecha de percepción.
Frente a este panorama, la orden ejecutiva de Trump tendría más efecto político que práctico. “Sería bloqueada en tribunales, desobedecida por estados enteros y rechazada por expertos” subraya Vladeck; “pero le sirve a Trump para alimentar el discurso de un presidente que se presenta como víctima de un sistema corrupto”. Para la especialista Wendy Weiser, “lo que busca Trump no es ganar en la Corte, sino en la arena política, instalando la idea de que el voto por correo es ilegítimo”.
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