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México y EU convergen en un aspecto crucial: no pueden tolerar la persistencia del dominio criminal. La determinación política de ambos países es combatir el narcotráfico, un fundamento básico de cooperación obligada.
La influyente Estados Unidos tiene la capacidad de aprehender a capos dentro o fuera de su territorio, pero solo intenta de forma incipiente detener el consumo de drogas del 20 por ciento de su población.
Al declararse culpable en una corte federal de Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada no solo aceptó medio siglo de reinado criminal, sino que también confrontó a dos naciones resueltas a combatir el narcotráfico, aunque con notables divergencias en su enfoque, narrativas y plazos.
Para Washington, es un impacto institucional inmediato, para México, es terreno de interpretaciones, dudas y cautelas.
El capo sinaloense, de 77 años, admitió ante el juez Brian Cogan haber creado y liderado el Cártel de Sinaloa, sobornado a policías, militares y políticos desde los años 80, y trasladado a Estados Unidos un millón 500 mil kilos de cocaína. Lo preocupante, además de lo admitido, es el cómo y ante quién lo hizo.
En un proceso judicial, las palabras de un criminal son prueba y relato al mismo tiempo. En Estados Unidos, la Fiscal General, Pam Bondi, celebró la confesión como una victoria rotunda. “El reinado del terror”, dijo, finalmente terminó, después de más de 20 años de persecución.
México reaccionó con matices. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó con claridad: las declaraciones de Zambada deben tomarse con prudencia, ya que lo que se diga en una corte extranjera solo puede tener consecuencias legales si existen pruebas. Es decir: la palabra de un criminal no es suficiente, puede ser una pista, nunca una sentencia automática sobre la realidad nacional.
En la Ciudad de México, esa visión encuentra eco en Clara Brugada, Jefa de Gobierno, quien ha señalado que la seguridad y la justicia deben construirse con instituciones sólidas y procesos verificables.
La diferencia es sustancial. En la tradición judicial estadounidense, la colaboración de testigos criminales ha sido clave contra el crimen organizado. Desde la ley RICO de los 70, la Fiscalía construye casos a partir de denuncias, y recompensa al acusado que esté dispuesto a incriminar a otros. Esa lógica ha sido objeto de críticas: un testimonio puede ser menos un retrato fiel de la realidad que un instrumento de negociación.
La confesión de Zambada, entendida como acto de rendición, es también un movimiento estratégico, el ajuste de su verdad a lo que Estados Unidos necesita escuchar. Un capo que durante medio siglo evitó pisar una celda no se transforma de repente en un narrador inocente de los hechos.
¿Qué valor probatorio tienen entonces sus declaraciones? El escepticismo no es arbitrariedad, sino defensa de la soberanía judicial. No basta con acusar sobornos, complicidades o políticos corruptos, cada señalamiento necesita traducirse en evidencia verificable.
Aun así, México y Estados Unidos coinciden en un punto clave: no pueden permitir que el dominio criminal continúe. La determinación política de ambos países es oponerse al narcotráfico, una base mínima para una cooperación inevitable.
Más allá de las diferencias, el enemigo es común.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
COORDINADOR GENERAL DEL C5
@GUERREROCHIPRES
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