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CIUDAD DE MÉXICO (EFE). — La organización internacional Artículo 19 denunció el “uso partidista” de procesos legales como herramientas de censura en México contra periodistas y medios de comunicación, lo que catalogó como una tendencia preocupante que atenta contra la libertad de expresión.
Según su reciente informe “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas — 28 hombres y 11 mujeres — y 12 medios de comunicación.
La cifra implica un nuevo proceso cada cuatro días, superando lo documentado en cualquier año previo.
Artículo 19 explicó que el acoso judicial, conocido internacionalmente como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente ganar en tribunales, sino desgastar a los periodistas mediante demandas civiles, penales, electorales o administrativas.
Esta dinámica, puntualizó, implica un “uso faccioso” de las leyes para inhibir la crítica, eliminar publicaciones molestas y mandar un mensaje colectivo de censura. La organización resaltó el abuso de la figura de “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG)”, utilizada de forma desproporcionada contra periodistas.
De los 51 casos documentados, 25 corresponden a acusaciones bajo este concepto, llegando incluso a la eliminación de contenidos y la imposición de disculpas públicas. El acoso judicial se ha extendido a 17 estados del país, liderados por Veracruz con 10 casos, seguido por Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
En todos estos casos, Artículo 19 alertó que estas acciones constituyeron un intento de censura a través del litigio.
“Esto representa un riesgo para el ejercicio periodístico: establecer un mal precedente donde la violencia política en razón de género se utiliza como artimaña para evitar críticas, cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos”, alertó la periodista independiente Rubí Soriano, citada en el informe.
La organización solicitó también al Estado mexicano reformar la legislación y abstenerse de emplear recursos judiciales para silenciar a la prensa.
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